El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, se pronunció sobre el estado del proyecto de la nueva ley orgánica del Ministerio Público (MP).
Según el titular de la Fiscalía, la iniciativa se encuentra actualmente en debate dentro de la Comisión de Justicia del Congreso.
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La autoridad manifestó su expectativa favorable ante una eventual ratificación de la norma, señalando que este marco legal permitirá agilizar los procesos de cambio interno y resolver las deficiencias estructurales que afectan a la entidad en la actualidad.
Tomás Gálvez destaca nueva ley orgánica
La propuesta legislativa busca actualizar de manera integral la estructura orgánica y funcional del MP.
De acuerdo con las declaraciones de Tomás Gálvez, la aprobación de este proyecto es fundamental para establecer un plan de trabajo sólido para los años subsiguientes.
En ese sentido, la norma pretende regular aspectos críticos como el régimen económico, los principios rectores y los lineamientos generales de funcionamiento.
El objetivo central de la fórmula legal es definir con mayor claridad las funciones de gobierno, la administración interna y el ejercicio de la función fiscal en todo el territorio nacional.
Recientemente, la Comisión de Constitución, bajo la presidencia del congresista Arturo Alegría García, acordó pasar el predictamen a cuarto intermedio tras un extenso debate.
Esta pausa técnica responde a la necesidad de atender observaciones y pedidos de precisión planteados por los integrantes del grupo de trabajo.
Pese a estas pausas procesales, Tomás Gálvez invocó al presidente del Congreso a emplear sus buenos oficios para viabilizar la ley.
“Si ello sucede, creo que va a facilitar enormemente la reforma institucional y la superación de múltiples problemas que tenemos como institución“, mencionó.
Rediseño de la investigación
Uno de los pilares de la nueva Ley Orgánica reside en la modificación de las estrategias de persecución penal.
El proyecto plantea un rediseño en la investigación del delito, desplazando el enfoque tradicional centrado casi exclusivamente en el agente delictivo o la persona procesada.
El nuevo esquema propone priorizar la investigación sobre los patrimonios criminales, permitiendo un rastreo efectivo de los efectos, ganancias e instrumentos derivados de actividades ilícitas que anteriormente no recibían la atención técnica requerida.
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La normativa proyectada busca establecer las facultades y atribuciones constitucionales de la institución de manera que se garantice una lucha eficaz contra la criminalidad organizada.
Al enfocarse en el producto del delito, el Ministerio Público aspira a desarticular la capacidad económica de las redes delictivas, dotando a los fiscales de herramientas legales modernas que se ajusten a las demandas actuales de la administración de justicia y la seguridad ciudadana.
