Luego de la incertidumbre generada por los problemas logísticos del pasado 12 de abril, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó este jueves un informe detallado sobre las Elecciones Generales 2026. En una esperada conferencia de prensa, el titular de la entidad fue enfático al señalar que, tras un análisis riguroso, no existen pruebas fehacientes de un fraude electoral en el país.
Esta conclusión se alcanzó tras coordinar con misiones internacionales de observación y el Ministerio Público. Sin embargo, el panorama descrito por Gutiérrez no fue del todo alentador, pues denunció una serie de deficiencias estructurales que empañaron el proceso.
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Defensor del Pueblo detecta irregularidades y falta de coordinación en el JNE y la ONPE
A pesar de descartar el fraude, el defensor reconoció la detección de hechos irregulares que involucran directamente a personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según el informe, estas anomalías se manifestaron tanto de forma activa como pasiva por parte de los representantes del sistema electoral.
Gutiérrez subrayó un “marcado desconocimiento de las competencias funcionales” por parte de algunos funcionarios destacados en los locales de votación. Esta falta de preparación impidió una colaboración fluida con instituciones clave como el Ministerio Público y la propia Defensoría.
“No hubo una correcta coordinación en el despliegue y repliegue del material electoral, particularmente en Lima Metropolitana, generando acusaciones mutuas de grave negligencia”, acotó el funcionario.
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La validez de las actas serie 09000
Uno de los puntos más polémicos de la jornada post-electoral fue el cuestionamiento a las actas de la serie 09000. Sobre este tema, el defensor del Pueblo fue tajante al asegurar que dichas actas “son totalmente válidas”.
Gutiérrez explicó que estas herramientas de sufragio están debidamente sustentadas por el padrón electoral y corresponden a mesas instaladas en zonas de difícil acceso y áreas rurales del país. Con esta precisión, la Defensoría busca mitigar las teorías de manipulación de votos en el interior, aunque reiteró que la desorganización logística entre la ONPE y el JNE atentó directamente contra la confianza ciudadana en el sistema democrático.
