El panorama político peruano enfrenta una nueva controversia tras los resultados electorales que dejaron a varias agrupaciones al borde de la desaparición legal. Ante el fracaso en las urnas, partidos como Somos Perú y Podemos Perú han comenzado a articular estrategias legislativas que buscan, en la práctica, un “salvavidas” para no perder su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).
Apenas cinco días después del revés electoral de Podemos Perú, el congresista Guido Bellido presentó una iniciativa que pretendía modificar la Ley de Organizaciones Políticas. El núcleo de la propuesta buscaba establecer excepciones críticas para las elecciones regionales y municipales, flexibilizando las exigencias de participación mínima.
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La valla electoral y el polémico proyecto de Guido Bellido
El proyecto planteaba que no se cancelara la inscripción de aquellos partidos que no lograran participar en al menos tres quintos de las regiones, o en la mitad de las provincias y un tercio de los distritos a nivel nacional. Para los movimientos regionales, la valla propuesta era igualmente permisiva, exigiendo apenas una participación de dos tercios en provincias y distritos de su jurisdicción.
Sin embargo, el punto más álgido del debate se centró en el intento de reducir el requisito de firmas para la reinscripción. La propuesta buscaba pasar del 5% de electores actual a tan solo un 1%, una medida que fue calificada por diversos sectores como un intento de “bajar la valla al mínimo” para favorecer a quienes no cuentan con respaldo popular.
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Rechazo en el Legislativo: “Las leyes no son retroactivas”
La respuesta de otros parlamentarios no se hizo esperar. El congresista Víctor Cutipa fue enfático al señalar que “no debemos acostumbrarnos a cambiar las reglas a último momento”, recordando que, por principio jurídico, las leyes no pueden aplicarse de manera retroactiva para salvar a partidos ya sancionados por el voto.
Por su parte, Somos Perú ha intentado desmarcarse de la narrativa del fracaso, alegando que su estructura nacional y sus 400 gobiernos locales deberían ser suficientes para mantener su vigencia “por única y excepcional vez”. Esta postura fue tildada de “engañamuchachos” por el legislador Edgard Reymundo, quien afirmó que el pueblo ya emitió una sanción definitiva en las urnas.
Incluso voces como la de Maricarmen Alva señalaron la inviabilidad de estos proyectos, advirtiendo que, de prosperar, se desvirtuaría la reforma electoral y se permitiría la permanencia indefinida de partidos sin representatividad real. Ante la presión y las críticas, el congresista Bellido optó finalmente por retirar la iniciativa, aunque el debate sobre la supervivencia de los partidos “caducos” sigue latente en el Congreso.
