El Poder Judicial renovó las órdenes de ubicación y captura nacionales e internacionales contra Vladimir Cerrón, líder prófugo de Perú Libre, para garantizar el cumplimiento de los 24 meses de prisión preventiva que se le impusieron. Esta medida responde a la investigación por presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido entre 2008 y 2021.
El juez Leodán Cristóbal Ayala decidió adoptar esta renovación luego de que las órdenes anteriores vencieran el pasado 29 de marzo. El objetivo principal es asegurar que Cerrón permanezca sujeto al proceso judicial mientras se esclarecen los hechos.
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En la resolución emitida el 27 de marzo, el magistrado instruyó que se consignen en el Registro Nacional Judicial (Renaju) las órdenes de ubicación, captura y conducción nacional del candidato presidencial de Perú Libre, manteniendo vigentes las medidas para su localización inmediata.
Investigación contra Vladimir Cerrón
Vladimir Cerrón es investigado por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos – Tercer Despacho – por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado.
El proceso se centra en determinar si hubo financiamiento ilícito en las campañas electorales de la agrupación entre los años 2008 y 2021, un periodo que comprende diversos comicios nacionales y regionales. La Fiscalía ha recabado información financiera y declaraciones de distintos testigos para reforzar la investigación.
El izquierdista de Perú Libre permanecería fuera del país, pero las órdenes de captura internacionales permiten a las autoridades solicitar su detención en caso de que sea localizado fuera del territorio peruano.
Habeas corpus y expectativa de fallo
Cerrón presentó una acción de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional, buscando la anulación del mandato de prisión preventiva. Actualmente, la sentencia se encuentra pendiente, y cualquier decisión podría modificar el curso del proceso.
Mientras tanto, el Poder Judicial sostiene que las medidas adoptadas son necesarias para garantizar la eficacia de la investigación.
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La renovación de las órdenes refuerza la posición del Ministerio Público y del Poder Judicial frente a casos de corrupción y financiamiento ilícito en el país, manteniendo la presión sobre figuras políticas investigadas.
El caso de Vladimir Cerrón continúa siendo un foco de atención en el ámbito político nacional, especialmente por su condición de aspirante presidencial y el posible impacto de la resolución del Tribunal Constitucional en el proceso electoral.
