El panorama electoral peruano se tiñe de luto tras confirmarse el asesinato de Gilbert Infante, candidato a diputado por el partido Fe en el Perú. El trágico suceso, ocurrido el pasado 24 de marzo, fue denunciado públicamente por el líder de la organización y candidato presidencial, Álvaro Paz de la Barra, quien calificó el acto como un ataque directo en medio de un clima de hostilidad creciente.
Según declaraciones del postulante a la casa de Pizarro, Infante fue atacado a ladrillazos en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. Sin embargo, el líder político reveló un dato alarmante: el candidato a diputado venía siendo objeto de seguimientos constantes durante las últimas dos semanas.
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Un ataque bajo sospecha de reglaje
A pesar de la gravedad de este acoso, se confirmó que Infante no había formalizado denuncias ante las autoridades, una omisión que hoy pesa sobre el trágico desenlace.
El ataque se produjo precisamente cuando el miembro del equipo se dirigía al debate presidencial en el que participaba Paz de la Barra.
Tras la agresión, la tragedia se vio agravada por una presunta negligencia administrativa: se reportó que el primer centro de salud al que fue trasladado se negó a brindarle atención. Finalmente, fue derivado al hospital Casimiro Ulloa, donde falleció horas después a causa de un paro cardiaco derivado de sus lesiones.
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Amenazas sistemáticas y un proceso electoral en crisis
Este crimen no parece ser un hecho aislado. Paz de la Barra manifestó que al menos ocho integrantes de su equipo técnico del ‘Plan de Pacificación de 100 días’ han recibido amenazas de muerte.
La vulnerabilidad de los candidatos se ha vuelto el eje central de la agenda, especialmente tras la reciente pérdida de Napoleón Becerra, aspirante presidencial del PTE-Perú, en un accidente de tránsito en Ayacucho el pasado 15 de marzo.
La muerte de Infante ha generado una ola de indignación y pedidos de justicia. Mientras el Ministerio Público inicia las pericias correspondientes, las elecciones 2026 enfrentan su momento más crítico, donde la seguridad de los actores políticos parece estar en jaque frente a la creciente inseguridad.
