El actual Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, asumió el control del Ministerio Público en un contexto de alta tensión institucional.
A pocos días de un proceso electoral determinante, el magistrado presentó sus lineamientos para reestructurar la entidad.
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La gestión de Tomás Gálvez se centra en la implementación de una nueva Ley Orgánica.
Este proyecto, ya remitido al Congreso, busca actualizar normativas vigentes desde 1981 para adaptarlas a la criminalidad moderna.
El titular de la Fiscalía de la Nación señaló que la institución padece de ineficacia y confrontación.
Según su análisis, es necesario establecer protocolos de investigación estrictos que eviten la discrecionalidad de los fiscales.
Tomás Gálvez detalla reforma estructural
La propuesta legislativa de Tomás Gálvez busca redefinir funciones y recuperar la eficiencia operativa.
El magistrado enfatizó que cada subespecialidad debe contar con lineamientos aprobados por la Junta de Fiscales Supremos.
Sin embargo, los planes de modernización chocan con una severa carencia de recursos financieros.
La falta de presupuesto público impide la ejecución de mejoras tecnológicas y logísticas necesarias para el sistema de justicia.
Gálvez advirtió que la institución no cuenta con fondos suficientes para cubrir sus obligaciones básicas.
Esta situación derivó en el cese de personal contratado por honorarios, afectando la capacidad de respuesta fiscal.
El Ministerio Público solicitó una demanda adicional de 770 millones de soles al Ejecutivo.
De no obtenerse estos recursos, el fiscal no descarta la paralización progresiva de diversas funciones especializadas a nivel nacional.
Tomás Gálvez cuestiona equipos especiales
En el ámbito interno, las decisiones de la actual administración generaron controversia.
La destitución de José Domingo Pérez y la suspensión de Rafael Vela marcaron un cambio en la estrategia de los casos de alto perfil.
Respecto a los fiscales del equipo especial Lava Jato, Gálvez fue enfático en sus críticas.
“Siempre dije que eran unos ignorantes, unos absolutos incompetentes“, manifestó durante la entrevista exclusiva para ‘Contra Corriente‘.
El magistrado atribuye el protagonismo mediático de dichos fiscales a una construcción de la prensa.
Asimismo, cuestionó si su desempeño respondió a una supuesta ideologización o simplemente a una falta de capacidad técnica.
La desactivación de ciertos equipos especiales busca, según la Fiscalía, retornar a un orden institucional.
Se busca que la función fiscal se desempeñe bajo criterios técnicos y no bajo influencias externas o mediáticas.
Tensiones institucionales
La relación con el Colegio de Abogados de Lima también atraviesa un momento crítico.
La elección de Delia Espinoza como decana motivó la renuncia de Gálvez a dicho gremio profesional.
El fiscal argumentó que el gremio carece de ecuanimidad y que su permanencia podría derivar en investigaciones sesgadas.
Según su postura, existe un manejo político en las instituciones vinculadas al ámbito jurídico.
De cara a las elecciones, el Ministerio Público ha diseñado un programa de vigilancia.
El objetivo es asegurar la transparencia del proceso mediante la intervención de Fiscalías Penales y de prevención del delito.
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La efectividad de este despliegue preventivo dependerá, nuevamente, de la asignación de recursos por parte del Gobierno.
La seguridad jurídica de los ciudadanos se mantiene como el eje central de la agenda institucional.
