El panorama judicial del presidente interino, José María Balcázar, se mantiene paralizado debido a su actual condición de primer mandatario. Según una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, las investigaciones por presuntos acuerdos ilegales con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, no pueden avanzar mientras ostente el cargo.
La denuncia constitucional 577, que lo señala por los delitos de cohecho pasivo y activo, habría sido objeto de una demora inusual en el Parlamento. Expertos como Natale Amprimo señalan que el trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida en su momento por integrantes de Alianza para el Progreso, excedió largamente los plazos de la hermenéutica parlamentaria.
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José María Balcázar envuelto en beneficios: el rol de Jaime Villanueva y los votos en el Congreso
El origen de la investigación fiscal se centra en el testimonio del colaborador eficaz Jaime Villanueva. De acuerdo con las actas fiscales, el exasesor de Benavides habría contactado a fiscales de Lambayeque para influir en procesos penales que involucraban a Balcázar. El objetivo era asegurar un voto de izquierda en contra de las denuncias que enfrentaba la entonces fiscal de la Nación.
Los registros detallan que el 16 de noviembre de 2022, Balcázar votó en contra de una denuncia contra Benavides y se abstuvo en otra. Un día después, Villanueva intensificó las llamadas a la fiscal Carmen Miranda, quien se habría negado a favorecer al legislador, alegando que procedería estrictamente de acuerdo a ley.
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El nombramiento de Scarlet Gálvez Campos
Ante la imposibilidad de archivar sus procesos judiciales, el beneficio del pacto habría derivado en el nombramiento de Scarlet Gálvez Campos, nuera de Balcázar. El propio mandatario reconoció en una entrevista haber entregado el currículum vitae de su familiar a Villanueva mediante un dispositivo USB.
Gálvez Campos fue designada como fiscal adjunta en la Fiscalía de Derechos Humanos de Lambayeque, una dependencia creada durante la gestión de Patricia Benavides. Actualmente, las acusaciones contra el mandatario se encuentran “congeladas” y solo podrán retomarse a partir del 28 de julio, con la instalación del nuevo Congreso bicameral.
