Decano del Colegio de Abogados de Lambayeque sobre José Balcázar: “No ha rendido cuenta de los gastos en su mandato”

En una reciente emisión conducida por el periodista Beto Ortiz, el panorama político nacional se vio sacudido por graves revelaciones que ponen en duda la integridad del nuevo presidente de la República, José Balcázar.

El doctor Enrique Rodas Ramírez, actual Decano del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), presentó una denuncia pública contra el flamante mandatario, vinculado a presuntas irregularidades financieras durante su paso por la dirigencia gremial.

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José Balcázar en la lupa desde Lambayeque

Durante la entrevista, Rodas Ramírez calificó como “increíble” que el Balcázar haya postulado a la Presidencia de la República, considerando los cuestionamientos que arrastra desde su gestión como Decano del ICAL en el periodo 2019-2020.

Según el actual representante de los abogados lambayecanos, Balcázar no habría rendido cuentas sobre el manejo de ingresos y egresos que superan el medio millón de soles.

“Este colega no ha rendido cuenta de los gastos y los ingresos que generó en su época de mandato; suma que asciende, de acuerdo a la información que tengo, a más de 500,000 soles“, enfatizó Rodas Ramírez ante las cámaras, subrayando que la transparencia es un requisito mínimo para cualquier funcionario que aspire al cargo más alto del país.

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Proceso judicial en curso

La gravedad de las acusaciones no se queda en el terreno mediático. El Dr. Rodas detalló que existe un proceso legal vigente bajo el expediente 88040-2019, tramitado en el Distrito Judicial de Lambayeque. El delito imputado es el de apropiación ilícita, derivado precisamente de la negativa del legislador a transparentar el uso de los fondos institucionales.

“Las razones que él invoca no son suficientes para admitirla como excusa de esta obligación a la que está sometido por haber administrado fondos ajenos a su persona”, sentenció el Decano.

Hasta el momento, el congresista Balcázar no ha emitido un descargo formal ante estas precisiones, las cuales complican su situación legal y política en un contexto de alta sensibilidad social respecto a la corrupción en el aparato estatal. El caso pone nuevamente bajo la lupa el historial de los representantes en el Legislativo y la fiscalización de los fondos en los colegios profesionales.