La frontera sur del Perú se ha convertido en un territorio donde la línea divisoria entre naciones es meramente simbólica. En zonas alejadas de centros urbanos, la ausencia de control estatal permite el flujo constante de productos sin supervisión.
En la región de Puno, el límite fronterizo carece de rejas o vigilancia militar activa en diversos puntos estratégicos. Esta situación ha transformado la zona en un acceso libre para el ingreso de mercadería ilegal al país.
El recorrido por la zona muestra que los puestos de control de Aduanas de la SUNAT no logran detener el flujo. Los transportistas utilizan rutas alternas, conocidas como “trochitas”, para evadir las inspecciones oficiales de manera sencilla.
El mercado negro en Juliaca y los almacenes fronterizos
La ciudad de Juliaca funciona como el principal centro de acopio para productos que ingresan sin pagar impuestos. En este punto se comercializan desde electrodomésticos y televisores de alta gama hasta artículos de aseo personal.
En los poblados fronterizos, la arquitectura local ha sufrido una transformación evidente para facilitar el tráfico de productos. Muchas viviendas peruanas han dejado de ser hogares para convertirse en depósitos de mercadería boliviana.
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Estos almacenes improvisados mantienen sus puertas cerradas para ocultar el movimiento de bienes que no cuentan con boletas. Los ciudadanos locales confirman que en estos puntos no se emite ningún tipo de comprobante de pago.
La economía ilegal también involucra el transporte fluvial a través del Lago Titicaca. Pobladores de ambos lados de la frontera trasladan productos en embarcaciones por un costo de apenas 2 soles por viaje.
De la frontera sur hasta Mesa Redonda y Marketplace
La ruta del contrabando nace en La Paz, Bolivia, y avanza por puntos como Tilali y Desaguadero. Desde allí, la carga se distribuye hacia Arequipa y finalmente llega a los mercados de Lima.
En la capital, el foco principal de comercialización de estos productos es el mercado de Mesa Redonda. Allí se venden cigarrillos ilegales de marcas conocidas a precios significativamente menores que en el mercado formal.
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Un paquete de cigarrillos que en el sector formal tiene un costo elevado, se ofrece en Lima por 18 soles. Esto representa un valor casi 90% menor, lo que evidencia la magnitud de la evasión tributaria.
La venta de estos artículos también ha migrado al entorno digital mediante Facebook Marketplace. Los vendedores coordinan entregas directas de cigarrillos paraguayos que ingresaron al país de forma clandestina.
Impacto económico y riesgos sanitarios del comercio ilegal
El Estado peruano pierde más de 600 millones de soles al año debido a la comercialización de mercadería informal. Esta cifra refleja el impacto directo del contrabando en la recaudación fiscal del país.
Además del perjuicio económico, los productos de contrabando representan un riesgo para la salud pública. Exámenes de laboratorio realizados a cigarrillos incautados detectaron la presencia de insalubridad.
En las muestras analizadas por especialistas se hallaron restos de insectos, lo que confirma la falta de estándares sanitarios. El consumidor adquiere estos bienes desconociendo las condiciones de fabricación y almacenamiento.
La cadena de comercialización ilegal termina instalada en vitrinas y manos de miles de ciudadanos en todo el Perú. Lo que inicia en un cruce fronterizo remoto concluye como una red articulada que defrauda al Estado.










