El sistema penitenciario atraviesa una transición polémica. El Gobierno anunció el fin del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para dar paso a la Sunir.
Esta nueva Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización absorberá las cárceles, centros juveniles y programas de reinserción social bajo una promesa de reforma.
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Sin embargo, el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú (Sintrap-INPE) advirtió que el cambio de nombre no soluciona los problemas de fondo.
Ángel Llancari, secretario general del gremio, señaló que no se puede transformar una institución sin asignar un presupuesto real para su operatividad.
Para los trabajadores, la creación de la Sunir es una respuesta a operativos mediáticos que buscan justificar la eliminación de la entidad actual.
Sostuvieron que se intenta proyectar una imagen de “mano dura” ante la opinión pública mediante videos difundidos en redes sociales como TikTok.
Gobierno no invierte en penales
La realidad operativa dentro de los penales muestra un panorama crítico marcado por el hacinamiento y la falta de herramientas tecnológicas básicas.
El personal denunció que actualmente realizan el trabajo de revisión de forma manual las 24 horas del día por falta de scanners de personas.
La ausencia de bloqueadores de señal efectivos y tecnología para inspeccionar paquetes convierte a los penales en una “coladera” de objetos prohibidos.
“Si no tenemos tecnología, si no tenemos scanner de paquetes, no tenemos scanner de personas, no existen bloqueadores a pesar que hay una empresa, cómo nosotros frenamos ellos“, cuestionó Llancari.
Incluso productos cotidianos como carnes, sandalias y pastas de dientes son utilizados para camuflar sustancias ilícitas como cocaína o éxtasis.
En centros poblados como el Penal de Lurigancho, el volumen de paquetes y la sobrepoblación hacen imposible una revisión exhaustiva sin apoyo técnico.
El sindicato sostiene que muchas de las fugas registradas no se deben a deficiencias del personal, sino a fallas graves en la infraestructura.
A pesar de estas limitaciones, los servidores penitenciarios aseguraron que continúan brindando seguridad a la ciudadanía con recursos humanos bastante limitados.
Cuestionamientos a la nueva gestión
Un punto crítico en la creación de la Sunir es la flexibilización de los requisitos para ocupar cargos directivos dentro de los penales.
Los trabajadores rechazaron que el nuevo decreto permita a personas con solo quinto de secundaria estar al mando de los establecimientos penitenciarios.
Denuncian que se pretende bajar los estándares de la Ley de Idoneidad, permitiendo que directores sin profesión asuman el control de cárceles grandes.
La normativa actual exige que los responsables tengan, como mínimo, una carrera universitaria para gestionar el complejo sistema penitenciario.
Asimismo, el gremio se opone a la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la dirección de las regiones penitenciarias.
Argumentan que la participación de otras instituciones y de altos mandos en requisas ordinarias termina “contaminando” el trabajo diario de los agentes.
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Para el sindicato, anunciar los operativos con antelación resta efectividad a las intervenciones y demuestra un desconocimiento del sistema operativo por parte del Gobierno.
Sin inversión en logística y personal, los trabajadores advierten que la Sunir no representará un cambio sustancial para el país.
