Las elecciones 2026 cuenta con 10 mil candidatos al Congreso. Muchos de ellos están dispuestos a realizar acciones que rozan la ilegalidad para ocupar una curul.
La congresista Rosangela Barbarán, candidata a la Cámara de Diputados por Fuerza Popular, es protagonista de videos polémicos.
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En sus redes sociales, se grabó con ciudadanos a quienes calificó de “borrachos”.
José Tello, abogado en derecho electoral, sostuvo que estas conductas vulneran la prudencia debida por su cargo público.
Dichas acciones podrían ser revisadas por la Comisión de Ética por presunta apología al consumo de licor.
Ignoran reglamento en elecciones 2026
No es la primera vez que la candidata naranja ignora el Reglamento de Propaganda Electoral. Barbarán también fue captada pegando publicidad en predios públicos.
Esta acción infringió el inciso 7.3 del código de infracciones sobre propaganda electoral. La norma prohíbe fijar carteles o realizar pintas en infraestructuras del Estado.
El municipio correspondiente debe imponer la multa respectiva por vulnerar el ordenamiento territorial. El partido político también asume responsabilidad por la propaganda de sus cuadros.
Candidatos entre la vulgaridad y entrega de dádivas
Otra candidata de Fuerza Popular bajo cuestionamiento es Flor Meza. La joven fujimorista utilizó estrategias que algunos califican como cercanas a la vulgaridad.
Por otro lado, Iber Maraví, candidato al Senado por Juntos por el Perú, utiliza jingles ofensivos. Maraví, exministro de Trabajo, es investigado por presunta pertenencia a Sendero Luminoso.
Según Tello, la normativa electoral establece que la propaganda electoral no puede ser ofensiva. No debe agredir a otras líneas políticas ni a personas naturales o jurídicas.
Por su parte, Yesenia Lozano, de Alianza por el Progreso (APP), fue captada con bolsas con víveres. Las imágenes, que luego borró, mostraban el logo de su partido en los productos entregados.
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La entrega de estos bienes constituye una dádiva prohibida por la ley. El monto permitido para objetos de campaña no debe superar los 16.50 soles (0.3% de una UIT).
Cualquier entrega que exceda este valor es sancionable y afecta la transparencia del proceso electoral. Los electores deben evaluar si estos infractores son idóneos para convertirse en futuras autoridades.
