El sistema político peruano enfrenta una de sus crisis de representatividad más severas. Según una reciente investigación, un total de 64 candidatos a diputados y senadores, pertenecientes a 29 agrupaciones políticas, llegan a las Elecciones Generales 2026 con inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Lo que nació como una herramienta temporal de formalización se ha transformado, en la práctica, en un escudo legal y una plataforma de poder. Estos candidatos no son ciudadanos ajenos al sector; son operadores que buscan integrar el Poder Legislativo mientras mantienen intereses directos en la extracción de recursos, a menudo bajo condiciones de informalidad o ilegalidad.
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De financistas a protagonistas
La directora de Territorio Tomado, Graciela Villacís, advierte un cambio de estrategia en estas economías. “Ya no hay vergüenza; ellos mismos van a ir al Congreso a defender su agenda”, señala.
A diferencia de procesos anteriores donde el sector minero informal se limitaba a financiar campañas externas, hoy los propios mineros encabezan las listas.
De las 36 agrupaciones inscritas, 29 han incorporado perfiles vinculados a múltiples concesiones, evidenciando una estructura que atraviesa todo el espectro ideológico.
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El peligro de los ‘excluidos’ del Reinfo
El punto más crítico de la investigación reside en la presencia de candidatos con estatus de ‘excluidos‘ en el Reinfo. Un minero es excluido cuando incumple requisitos básicos, como operar en zonas prohibidas o reservas naturales, o por facturación irregular.
“Lo grave son los excluidos, porque estamos hablando ya de gente que ha sido expulsada por irregularidades y ahora busca legislar”, afirma Villacís.
Esta infiltración sugiere que el próximo Parlamento no será un espacio de debate nacional, sino una mesa de negociación para intereses particulares.
La presencia masiva de estos perfiles plantea una interrogante ineludible para el electorado: ¿Es posible confiar la fiscalización de la minería ilegal a quienes operan dentro de sus márgenes? El riesgo no es solo un error administrativo, sino la consolidación de un “Congreso minero” diseñado para blindar la impunidad desde la creación de las leyes.
