Beto Ortiz presentó una serie de conversaciones de WhatsApp que pondrían en jaque la transparencia en la gestión de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Según la documentación expuesta, el exministro de Transportes, César Sandoval, habría advertido de manera reiterada a José Jerí y al despacho presidencial sobre la idoneidad moral de David Hernández, actual titular de la entidad.
La controversia se centra en la designación de Hernández, a quien Sandoval califica como una figura “sumamente sospechosa de corrupción”. El sustento de esta grave acusación radica en un informe de la Contraloría General de la República y diversos reportes periodísticos que vinculan a la ATU con el pago de más de 13 millones de soles en adelantos a un consorcio que presentó cartas fianza falsas.
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Las pruebas de la falsificación del jefe de la ATU
Durante el programa ‘Beto a Saber’, se detalló que las garantías financieras, supuestamente emitidas por el Citibank, resultaron ser documentos apócrifos utilizados para obtener la buena pro de una licitación millonaria. Ortiz enfatizó que, lejos de ser un error administrativo, se trató de una maniobra orquestada: “Se trata de siete cartas fianza que fueron falsificadas para conseguir la licitación”.
A pesar de que David Hernández ha negado públicamente estas acusaciones en diversos medios, alegando que las denuncias son “una calumnia”, los chats presentados sugieren que Sandoval intentó frenar su nombramiento desde el 19 de octubre.
“Señor presidente, la presente tiene por objeto conversar urgente de un tema que debe ser abordado de inmediato”, rezaba uno de los mensajes enviados por el exministro, quien adjuntó los archivos que probaban las irregularidades.
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Omisión y continuidad
La nota periodística resalta la falta de respuesta por parte de los interlocutores políticos. Según las capturas de pantalla, el exministro Sandoval lamentó la falta de comunicación ante una situación que consideraba “inviable”. “Le adjunto lo que por recomendaciones suyas para la continuidad del señor Hernández era inviable por los evidentes actos de corrupción”, concluye uno de los textos finales enviados por Sandoval.
Este nuevo escándalo pone bajo la lupa no solo la gestión de la ATU, sino también los criterios de selección de altos funcionarios en sectores críticos para la ciudadanía. La permanencia de Hernández en el cargo, pese a las advertencias documentadas, genera interrogantes sobre la voluntad política de combatir la corrupción en el sector transportes.
