La actual jueza de la Corte Penal Internacional (CPI), Luz Ibáñez Carranza, denunció el retiro de su postulación para representar al Estado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ).
A través de un pronunciamiento público, Ibáñez calificó esta medida, anunciada por el canciller Hugo de Zela Martínez, como un hecho “absolutamente sin precedentes” que afecta la reputación internacional del país.
La jueza manifestó que se enteró de esta decisión únicamente por declaraciones del ministro a la prensa, sin recibir ninguna comunicación oficial de Torre Tagle.
“No sé si con una declaración se puede retirar o descontinuar una candidatura”, señaló la magistrada, cuestionando las formas en que se ha manejado el proceso.
Luz Ibáñez: Falta de transparencia y legitimidad en el proceso
Ibáñez Carranza explicó que se encuentra en Lima desde hace 15 días intentando establecer contacto con las autoridades correspondientes para abordar su situación. Sin embargo, denunció que no han tenido la cortesía de responderle ni de informarle oficialmente sobre el estado actual de su candidatura oficializada en marzo de 2024.
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La magistrada criticó la falta de transparencia del sector, afirmando que se ha actuado a sus espaldas, lo que ratifica la opacidad de los procedimientos internos.
“Si yo fuera hombre, no se les hubiera ocurrido anunciar que se quita una candidatura”, aseveró Ibáñez, sugiriendo la existencia de una discriminación de género en la medida.
Además, recordó que el actual gobierno de transición posee un mandato coyuntural y limitado, por lo que no estaría facultado para adoptar decisiones de esta magnitud.
El impacto institucional es, para la jueza, altamente perjudicial, pues la decisión “pone en ridículo al Perú” frente a la comunidad internacional. La experta sugirió que el retiro podría responder a intereses particulares o compromisos de votos con otros candidatos de la región dentro de la Cancillería.
Defensa ante sanciones y obligaciones del Estado
Respecto a las menciones sobre una sanción en su contra, Ibáñez aclaró que se trata de una medida política de Estados Unidos contra el Estatuto de Roma. Explicó que estas acciones van dirigidas a los magistrados que actuaron de manera independiente y no representan un ataque contra el Perú como nación.
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“Cualquier sanción que se haga a un juez es una condecoración a su calidad de persona y a su calidad de magistrado o magistrada”, remarcó con firmeza.
Sostuvo que el Estado peruano tiene la obligación legal de defender a sus ciudadanos y jueces ante ataques externos, responsabilidad que estaría incumpliendo.
Ante este escenario, anunció que se pondrá la situación en conocimiento de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma oportunamente. Perú no tiene representación en la Corte de La Haya desde hace cinco décadas, siendo el último integrante el expresidente José Luis Bustamante y Rivero.
