La audiencia de prisión preventiva contra el suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, ha tomado un giro inesperado y alarmante. En medio de las diligencias para determinar la situación legal del funcionario —quien actualmente se encuentra en calidad de no habido—, el Poder Judicial denunció intentos de interferencia externa que buscan vulnerar el debido proceso.
Durante la sesión más reciente, el magistrado a cargo, Edie Walther Solórzano, interrumpió el debate jurídico para dejar constancia de un hecho que calificó como una grave amenaza a la transparencia. Según el juez, ha sido objeto de comunicaciones impropias destinadas a influir en su criterio jurisdiccional.
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Caso Ciro Castillo: juez denuncia comunicaciones impropias y amenazas
El juez Solórzano fue enfático al señalar que recibió una llamada telefónica no solicitada por parte de familiares de uno de los coinvestigados en la presunta red de corrupción. Específicamente, mencionó al entorno de Jimmy Alexander Bocardinas, implicado en el mismo expediente que el suspendido gobernador chalaco.
“Se trata de una comunicación absolutamente impropia por tratarse de un contacto extraprocesal ajeno a los canales legalmente previstos”, sentenció el magistrado durante la audiencia pública.
Con un tono firme, el titular del juzgado rechazó cualquier forma de presión o insinuación, asegurando que las decisiones de su despacho se adoptan “única y exclusivamente sobre la base de lo actuado en el proceso”. El magistrado advirtió que este tipo de actos no solo entorpecen la justicia, sino que constituyen una falta ética y legal que no será pasada por alto.
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Suspendido gobernador sigue no habido
Ante la gravedad de los hechos, el juez anunció que pondrá lo sucedido en conocimiento de las autoridades correspondientes para que se inicien las investigaciones por presunto tráfico de influencias o coacción. Mientras tanto, el proceso contra Ciro Castillo y sus allegados continúa bajo la sombra de la clandestinidad del líder regional, cuya ubicación sigue siendo un misterio para la Policía Nacional.
Este incidente añade una capa de tensión a un caso que ya es crítico para la gobernabilidad del Callao. La Fiscalía, por su parte, ha solicitado que se mantenga el rigor en las medidas cautelares, argumentando que estos intentos de contacto con el magistrado solo confirman el peligro de obstaculización en la búsqueda de la verdad.
