El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) enfrenta una crisis que lo tiene al borde del colapso. Detrás de los muros de las cárceles, la realidad se compone de hacinamiento extremo, corrupción y extorsiones que se gestan desde el interior. Además, este sistema ya no puede soportar el ingreso de un preso más.
Esta compleja situación ha abierto el debate sobre una posible reforma. En este contexto, el presidente José Jerí anunció la posible desaparición del INPE. Esta medida extrema se da a conocer en un momento en que se realizan constantes y sorpresivas requisas en diversos penales del país.
Durante los operativos, los internos son revisados exhaustivamente, y se les incautan artículos de lujo, tecnología prohibida y armas improvisadas. La propuesta de reforma también contempla aplicar pruebas de polígrafo al personal penitenciario para identificar a agentes corruptos dentro de la institución.
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El debate de la reforma se centra en la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización. Esta nueva entidad absorbería tanto al INPE como al Programa Nacional de Centros Juveniles. No obstante, la duda persiste sobre si este cambio resolverá los problemas estructurales como el hacinamiento, la corrupción y la deficiente infraestructura.
INPE contra las cuerdas
Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, ha señalado que el presupuesto del INPE es muy escaso. Esta limitación presupuestaria es una de las razones de las dificultades en el control, la capacitación y los procesos de resocialización.
Por su parte, el exjefe del INPE, Leonardo Caparrós, ha manifestado que el hacinamiento solo se supera con inversión, y no con la creación de una nueva institución. Además, según Caparrós, la corrupción, la falta de infraestructura carcelaria, los grilletes y la logística no se solucionan con una nueva institución.
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Hacinamiento en cárceles
La realidad de las cárceles se evidencia en las cifras oficiales. Según el INPE, actualmente hay 103,342 internos a nivel nacional. Esta cifra es alarmante si se compara con la capacidad real de los penales, que fueron construidos para albergar un máximo de 41,764 internos. Esto genera una sobrepoblación promedio del 150% de reos.
Esta sobrepoblación no es nueva, pero se ha agudizado en los últimos años. En 2025, el hacinamiento es once puntos porcentuales mayor que el año anterior, lo cual se atribuye a la ola de extorsiones, robos, asesinatos por encargo y venta de drogas. De las 69 cárceles del país, 50 se encuentran sobrepobladas.
El 80% del problema dentro de los penales está relacionado con los artículos que ingresan, como el celular o las armas. El exjefe del INPE considera fundamental cerrar esa “puerta grande” mediante mayores controles y la posible tercerización de la seguridad en las puertas.
Corrupción dentro de las rejas: cobro de dinero para beneficios
La investigación periodística ha expuesto el submundo de los penales y cómo se maneja el negocio de las comunicaciones. Mediante transferencias en billeteras digitales y contactos externos, se alquilan celulares a los internos. Los celulares son utilizados para conectarse a las redes sociales y realizar llamadas. El alquiler del teléfono puede costar 20 soles por media hora o una hora. También se ha documentado que se pide dinero extra para pagar el “alquiler del celular” y poder navegar en redes sociales.
Según el exjefe del INPE, el ingreso de armas, celulares y drogas es casi imposible sin la detección y, por ende, la participación de agentes penitenciarios. Este descontrol en las puertas de los penales es un problema que nace de la corrupción. Pese a los debates sobre cambios, la realidad de la delincuencia y la corrupción persiste, con el ingreso de artículos prohibidos que nunca se detiene.
