La abogada penalista, Romy Chang, ofreció un análisis detallado sobre el futuro legal de Pedro Castillo y los otros implicados.
Sugirió que si bien la acción de Castillo pudo ser “torpe”, las pruebas apuntan a que una sanción es inminente por el golpe de Estado.
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La experta destacó que el delito es de naturaleza grave, pues lo que hizo el exmandatario fue, esencialmente, arrogarse un poder absoluto.
Análisis de Romy Chang
Al examinar la conducta de Castillo Terrones aquel fatídico 7 de diciembre, la letrada fue enfática al confirmar que el expresidente cometió un golpe de Estado.
Según la jurista, el mensaje presidencial equivalió a una total usurpación de funciones.
“Eso es lo que él hizo ese día. Cuando él dio el anuncio dijo: ‘Cierro Congreso, cierro Ministerio Público, cierro todo’, como si el Gobierno fuera su propiedad”, afirmó Chang.
Añadió que la aparente ineficacia o falta de preparación en el intento golpista no exime a Castillo de su responsabilidad penal, sino que, a lo sumo, podría influir en el tipo de delito imputado, reduciéndolo de rebelión a una figura menor como conspiración o tentativa de rebelión, pero en ningún caso conduciendo a la absolución.
“Puede haber sido muy torpe su intento, pero eso no significa que no haya habido, por lo menos, un intento (de golpe de Estado) que pueda ser sancionado”, sentenció la experta, reafirmando la gravedad de los hechos.
Caso contra Pedro Castillo
Uno de los puntos clave en el pronóstico legal de Castillo tiene que ver con la duración efectiva de su condena.
Aunque la Fiscalía solicitó penas elevadas, la abogada penalista señaló que, a largo plazo, la condena por el golpe de Estado no será el factor más determinante.
Romy Chang explicó que, al igual que sucede en el caso del expresidente Martín Vizcarra, el factor de la concurrencia de delitos es crucial.
Pedro Castillo enfrenta una serie de otros procesos penales, y la ley peruana establece un límite para el cumplimiento de las penas privativas de libertad.
“Los montos no son muy significativos en un caso como el de Castillo, en el que al igual que en Vizcarra, tiene varios otros procesos, donde esas penas se van a acumular y el tope es 35 años siempre. Ahí da un poco lo mismo la pena. El tema es que igual son delitos graves”, sostuvo la especialista.
Elementos contundentes
Romy Chang también se refirió a la actuación de la Sala Penal, que, en un movimiento que la defensa de Castillo criticó como un “adelanto de opinión”, optó por incluir el delito de conspiración a la rebelión.
“No le auguro un muy buen futuro a Castillo el día de hoy, porque ya la sala al haber dicho de alguna manera, ojo, no estoy adelantando opinión, pero voy a sumar este otro delito porque aprecio elementos que también deberían ser”, explicó Chang.
Romy Chang sobre Aníbal Torres
Respecto a la situación del expremier Aníbal Torres, también procesado por el golpe de Estado, la abogada Chang descartó que se le aplique la figura de la prescripción.
Sin embargo, Chang recordó que las normas aprobadas por el Congreso, orientadas a beneficiar a personas mayores, podrían permitir que Torres evite la prisión efectiva:
“Por las normas que sacó el Congreso justamente que benefició una serie de personas que automáticamente hacen que, si ya tú eres mayor a determinada edad, ya no vas al penal, entonces, en su caso, ojo, esto no significa que no lo vayan a condenar si es que la Sala así lo decide, simplemente no cumpliría la pena en la cárcel, pero va a tener ciertas restricciones obviamente que cumplir”, indicó.
Es decir, podría ser condenado, pero la pena se cumpliría bajo arresto domiciliario o con restricciones estrictas, más no en un centro penitenciario.
Finalmente, la especialista en derecho penal exhortó a la Sala a leer la sentencia en su totalidad, tal como se hizo en el caso de Martín Vizcarra.
Esta acción es crucial para garantizar el debido proceso y evitar futuras alegaciones de la defensa.
“Lo ideal sería quque,omo en el caso de Vizcarra, se lea la totalidad de la sentencia para que ellos puedan hoy mismo decidir si apelan o no apelan”, sostuvo.
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Chang advirtió que cualquier intento del colegiado por “resolver, pero no leer la totalidad” y demorar la notificación de una sentencia condenatoria, generaría un nuevo conflicto legal.
“Lo que va a pasar es que ellos van a alegar una vez más, se están vulnerando mis derechos porque mira, mis patrocinados están en la final”, concluyó.
