El congresista José Luna presentó una demanda de acción de cumplimiento ante el Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, dirigida contra el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles. La demanda busca que el Ejecutivo acate la Ley 31729, que obliga a emitir el bono de reconocimiento para quienes migraron del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) al Sistema Privado de Pensiones (SPP) desde 2002 en adelante.
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El congresista señaló que este beneficio debe depositarse de oficio en la cuenta individual de capitalización de cada trabajador. Además, criticó duramente que el gobierno no haya cumplido con la ley, calificando la retención del dinero como un robo contra los trabajadores que aportaron durante años bajo la promesa de una pensión.
Ley 31729 y demora en su aplicación
La ley 31729 se aprobó en abril de 2023 para actualizar el bono de reconocimiento, garantizando su entrega a los afiliados y exafiliados de la ONP que migraron al sistema privado. Sin embargo, el Ejecutivo demoró en emitir el Decreto Supremo necesario para implementar esta norma, que debía publicarse en un plazo máximo de 12 meses tras su promulgación.
El Estado entregó bonos de reconocimiento entre 1992 y 2001, pero no cumplió con quienes migraron a una AFP a partir de 2002. Esto, según Luna, viola derechos constitucionales que protegen los fondos de pensiones frente a intervenciones arbitrarias del Estado.
Retraso en el pago del Bono y excusas del Ejecutivo
A pesar de la ratificación del Tribunal Constitucional sobre la validez de la ley, el Ejecutivo no emitió el decreto correspondiente en más de 18 meses de espera. Cabe recordar que, tras ser inicialmente observada, la ley fue aprobada por insistencia en el Congreso en abril de 2024 y oficializada.
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El parlamentario denuncia que el gobierno ha buscado excusas para evadir cumplir con los millones de trabajadores que confiaron en este derecho. Por eso, solicitó al Poder Judicial que exija al Ejecutivo emitir el decreto en un plazo máximo de diez días hábiles y garantice la entrega del bono a los más de 3 millones de peruanos afectados.
