El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos implementará una nueva normativa que exige la toma de fotografías a todos los extranjeros y la recolección de datos biométricos a algunos de ellos al entrar y salir del país por vía aérea, terrestre o marítima.
La nueva regla, que busca fortalecer la seguridad nacional, entrará en vigor el próximo 26 de diciembre tras su publicación en el Registro Federal.
Fortalecimiento de la seguridad nacional y fronteriza
Según el DHS, el objetivo principal de la medida es “implementar un sistema biométrico integrado de entrada y salida” que permita cotejar los datos biométricos recopilados a la llegada con los obtenidos a la partida.
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Esto abordará preocupaciones de seguridad nacional como el terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje, la sobrestadía de visitantes y la presentación de información incorrecta o incompleta de los viajeros.
La implementación de este sistema biométrico también permitirá a las autoridades estadounidenses confirmar de manera más concreta la identidad de los extranjeros que solicitan entrada o admisión a Estados Unidos, además de verificar su salida.
Los datos biométricos que se recolectarán incluyen huellas digitales y aspectos faciales. La nueva directriz abarca a todos los no ciudadanos, incluyendo a aquellos con visa, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.
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Implicaciones del cambio en la política de vigilancia de Estados Unidos
La decisión de recolectar estos datos biométricos también a la salida del país representa un “cambio fundamental en la política fronteriza y de vigilancia biométrica”, según señaló la firma legal Lincoln-Goldfinch Law.
Para la abogada migratoria Kate Linconl-Goldfinch, esta recolección bidireccional introduce un “nuevo paradigma de vigilancia” que exige supervisión jurídica activa.
La defensora de derechos civiles subrayó la importancia de que las familias estén informadas sobre el destino de sus datos, el tiempo de conservación y el mecanismo para aclarar malentendidos.
La abogada también instó a las autoridades a “asegurar que esta regla se aplique con aviso claro, salvaguardias constitucionales y mínima interferencia con los viajes legales”, argumentando que “el Gobierno no puede tratar por igual a todos los no ciudadanos sin evaluar cada caso”.
