La expresidenta Dina Boluarte enfrenta un complejo panorama judicial tras su vacancia. Un total de diez investigaciones fiscales la involucran en una serie de presuntos delitos que van desde financiamiento ilícito de campañas hasta homicidio calificado.
Tras dejar el Palacio de Gobierno, la exmandataria deberá rendir cuentas ante el Ministerio Público por una serie de casos que se abrieron tanto antes como durante su gestión. Estas acusaciones dibujan un camino legal que podría definir su futuro político y personal.
Las investigaciones clave que enfrenta Dina Boluarte
Una de las carpetas fiscales más notorias es la que investiga el presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, vinculada a los aportes de campaña del partido Perú Libre en 2021.
La tesis fiscal apunta a que la organización política utilizó fondos de origen ilícito para solventar gastos proselitistas, un caso que también involucra a Vladimir Cerrón
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Otra investigación de alto perfil es la relacionada con las muertes ocurridas durante las protestas sociales que sacudieron al país entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
En este caso, a Boluarte se le imputan los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, en su calidad de jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante la represión de las manifestaciones.
A estos casos se suma la pesquisa por el presunto delito de lavado de activos, que se desprende de las declaraciones de Henry Shimabukuro, exasesor de Pedro Castillo, quien afirmó haber financiado actividades de Boluarte. La fiscalía busca determinar el origen y el destino de dichos fondos.
Caso Rolex y Dina Boluarte
La lista de imputaciones no termina ahí. La expresidenta también es investigada por el denominado “caso Rolex”, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio debido a la posesión de relojes de lujo no declarados. Este escándalo mediático derivó en un allanamiento a su domicilio y al Palacio de Gobierno.
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Asimismo, enfrenta una investigación por el presunto delito de abuso de autoridad relacionado con la desactivación del equipo especial de la Policía Nacional que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Esta medida ha sido vista por la fiscalía como una presunta obstrucción a la justicia.
Finalmente, otras carpetas fiscales la involucran en presuntos delitos de falsedad genérica por información consignada en sus declaraciones juradas y por presunta defraudación tributaria. El cúmulo de investigaciones obliga a Boluarte a transitar por un largo y complejo proceso legal para defender su inocencia.
