Recientes eventos en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso han puesto el foco sobre la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Durante una sesión de más de dos horas, el Canciller fue interpelado por irregularidades en la designación de personal clave dentro de la institución.
El debate se centra en la implementación de la nueva ley que modifica la Ley 27692, aprobada este año con 82 votos a favor en el Pleno del Congreso. El objetivo de esta normativa es garantizar la transparencia y una adecuada supervisión de los fondos millonarios que reciben las ONGs que operan en el Perú desde el extranjero.
La legislación busca diferenciar entre las organizaciones genuinamente interesadas en cooperar con el desarrollo social, en áreas como salud y educación, y aquellas que podrían estar promoviendo agendas políticas o ideológicas contrarias a los intereses nacionales. Sin embargo, los nombramientos dentro de la APCI han generado preocupación sobre la correcta aplicación de la ley.
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Nombramientos en APCI bajo la lupa
Uno de los casos expuestos involucra a Sergio Alvan Cabanillas, quien ocupa un cargo de fiscalización en la APCI. Su designación ha sido observada debido a su pasado como militante activo del Partido Socialista del Perú, con el que postuló al Congreso por la región La Libertad en 2006, junto al fallecido excongresista Javier Diez Canseco.
La principal inquietud radica en cómo su afiliación política podría afectar la imparcialidad requerida para supervisar el uso de los fondos de la cooperación internacional. Se ha planteado que su historial podría generar un sesgo, especialmente al fiscalizar a ONGs que provienen del mismo espectro ideológico, poniendo en tela de juicio la objetividad del proceso.
El segundo caso, considerado de mayor gravedad, es el de Miguel Ángel Sarapura Figueroa, otro de los fiscalizadores de la APCI. Sarapura Figueroa percibe un sueldo mensual de 25,500 soles por supervisar las donaciones extranjeras y asegurar el cumplimiento estricto de la ley de transparencia.
No obstante, su historial presenta un serio antecedente. Un expediente del Ministerio de Educación, con fecha del 7 de septiembre de 2017, detalla su separación del cargo en dicha institución. La razón fue la presentación de un diploma de grado de bachiller falso durante un concurso público para una plaza de analista en el Minedu. Este hecho genera un conflicto directo con la naturaleza de su actual puesto, que exige la máxima probidad.
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Cancillería no sabe lo que ocurre en APCI
Durante la sesión congresal, se evidenció que el propio canciller Elmer Schialer no estaba al tanto de estos antecedentes del personal de la APCI. Ante los señalamientos, el ministro expresó su preocupación y se comprometió a solicitar un informe detallado sobre la evaluación del personal contratado en la agencia.
Los críticos señalan que la Cancillería se equivocó al seleccionar personal para puestos de alta calificación y confianza. El punto más cuestionado es la contratación de un funcionario que previamente mintió al Estado para obtener otro cargo público.
El Congreso ha hecho un esfuerzo por aprobar una ley que exige una mínima transparencia en el manejo de los millonarios aportes que reciben las ONGs. La finalidad es evitar que estos recursos se desvíen hacia agendas particulares, como capacitaciones a operadores de justicia o programas en comunidades nativas que podrían estar influenciados por intereses extranjeros.
Se espera que la Cancillería tome una actitud correctiva frente a lo que se ha calificado como una “contratación no idónea” para un cargo de fiscalización tan sensible. La atención permanece sobre las futuras designaciones y operaciones de la APCI para asegurar que la nueva ley cumpla su propósito de supervisión eficaz.
