Por primera vez, desde su creación, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) ha decidido abrir procedimiento administrativo sancionador a la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL), que proactivamente demuestra su rechazo a la fiscalización.
De todos los millonarios proyectos ejecutados por IDL, la APCI ha observado uno que bastó para imputarle a la ONG de Gustavo Gorriti una infracción grave, con una multa de más 34 mil soles por ir en contra de los procesos de supervisión de cooperación internacional.
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Se trata del proyecto denominado por “una institucionalidad democrática con derechos ante riesgos y amenazas en contexto de pospandemia de cambio institucional y demandas postergadas” de un millón 350 mil dólares, financiados por Open Society por un lapso de tres años, donde indican que firmaron hasta seis convenios durante la ejecución del proyecto.
Para seguir con la fiscalización del proyecto, la APCI escogió a una de las ONG con las que IDL había firmado convenio para llevar a cabo el millonario proyecto.
Así, Comisedh fue la ONG elegida para tener una entrevista en noviembre en del 2024 con APCI y así darle detalles acerca de cómo habían gastado el dinero que fue otorgado por Open Society, teniendo como intermediario al IDL.
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DIRECCIÓN DE LA ONG SERÍA UNA FACHADA
‘ContraCorriente‘ acudió hasta la dirección donde queda la ONG, pero no obtuvo respuesta. Al parecer, el lugar sería una fachada.
El informe de la dirección de fiscalización y supervisión de la APCI acredita que fue la ONG IDL, mediante su responsable financiera, Angie Gutiérrez, quien declaró que la ONG Comisedh con la que firmó convenio para el millonario proyecto, no respondía y que debían seguir en espera. La entrevista nunca se realizó y, por ende, tampoco se recabó la información.
Así, la APCI determinó que el IDL incurrió en la falta de extender y dilatar los plazos ya definidos para la supervisión, impidiendo que se verifique el cumplimiento de las actividades de intervención.
