El malestar ciudadano frente a las garitas de peajes en Lima es el telón de fondo de una compleja disputa legal y administrativa. El conflicto, protagonizado por la concesionaria Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima, tiene como epicentro el peaje de Chillón y ha escalado a instancias internacionales.
La controversia se ha intensificado, llevando a un punto de confrontación que involucra serias medidas legales. Esto plantea interrogantes sobre la validez de los acuerdos de concesión y el impacto final para los miles de ciudadanos que transitan diariamente por estas vías.
Cuestionado contrato de concesión con Rutas de Lima
La historia de esta disputa se remonta al año 2013, cuando la Municipalidad de Lima suscribió el contrato de concesión con Rutas de Lima. El acuerdo cedió por varias décadas la administración de vías clave de acceso a la capital, incluido el mencionado peaje de Chillón.
Desde el inicio, el contrato de concesión fue objeto de críticas por parte de especialistas y la ciudadanía. Se advertía sobre cláusulas rígidas, tarifas elevadas y condiciones que garantizaban amplios beneficios para la empresa concesionaria, generando percepciones de un acuerdo desequilibrado.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Poder Judicial ordenó a Rutas de Lima suspender el cobro de peaje de Conchán
El punto de quiebre se produjo en 2020, cuando una denuncia ciudadana contra el cobro en el peaje de Chillón llegó hasta el Tribunal Constitucional. La máxima corte del país ordenó la suspensión del cobro, una decisión que fue celebrada por los vecinos de la zona.
Para Rutas de Lima, la medida representó una vulneración a la seguridad jurídica del país. La empresa argumentó que el Estado peruano no podía desconocer de manera unilateral un contrato que se encontraba firmado y plenamente vigente.
La batalla legal y el arbitraje internacional
Tras la resolución del Tribunal Constitucional, la concesionaria decidió llevar la controversia a un tribunal de arbitraje internacional.
Rutas de Lima acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, para iniciar un proceso contra el Estado peruano.
Allí, la empresa presentó una demanda multimillonaria como compensación, por lo que consideró una violación del contrato de concesión. La defensa de la compañía se centró en la protección de las inversiones y el respeto a los acuerdos firmados, advirtiendo que su incumplimiento generaría millonarias indemnizaciones.
- TAMBIÉN PUEDES VER: “La muerte de José Miguel Castro le conviene a quienes tienen la concesión de Rutas de Lima”, señaló Rosa Bartra
Municipalidad de Lima busca recuperar los peajes
Por su parte, la Municipalidad de Lima, bajo la gestión del alcalde Rafael López Aliaga, sostuvo que los contratos estaban viciados desde su origen. La administración municipal ha señalado que mantener esos peajes significa trasladar un costo injusto a los ciudadanos, vinculando los acuerdos a posibles actos de corrupción.
La postura del alcalde Rafael López Aliaga ha sido convertir la recuperación de los peajes en una de las banderas de su gestión. Del otro lado, los inversionistas, a través de Brookfield, argumentaban que la estabilidad de las inversiones depende del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país.
En un giro reciente, Brookfield, el fondo de inversión canadiense que controlaba Rutas de Lima, anunció su retiro del Perú. Para la empresa, el escenario de inseguridad jurídica y los arbitrajes en curso hacían insostenible su permanencia. La Municipalidad, en cambio, interpretó este hecho como una confirmación de que los contratos se firmaron en condiciones perjudiciales para la ciudad.
Caso se define en el CIADI
Aunque la salida de Brookfield abre una nueva etapa, la batalla legal no ha terminado. Los procesos de arbitraje internacional en el CIADI continúan su curso y podrían representar un costo millonario para la ciudad, dejando abierta la discusión sobre el peso de la seguridad jurídica frente al derecho de los ciudadanos.
