El congresista Alejandro Muñante ha solicitado formalmente al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, que se reactiven las fiscalías antiterroristas en Ayacucho y en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
La petición fue presentada a través de un oficio que busca restaurar estas sedes judiciales consideradas clave.
La medida se produce meses después de la decisión de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien en mayo de 2025 dispuso la desactivación de estas oficinas. Dicha acción generó un debate sobre la estrategia del Estado en la lucha contra el crimen organizado en una de las regiones más complejas del territorio.
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Alejandro Muñante considera que fue un “retroceso” la desactivación
El documento enviado por Alejandro Muñante recuerda que la desactivación de las fiscalías antiterroristas implicó que los casos de esta materia fueran derivados a despachos de Derechos Humanos. Según la perspectiva del parlamentario, esto representó un “serio retroceso” en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
El VRAEM es una zona geográficamente compleja y estratégica para las operaciones de grupos criminales. La presencia de fiscalías especializadas permitía una acción directa y enfocada en desarticular estas redes, que amenazan la estabilidad y la seguridad nacional.
En tal sentido, el congresista argumenta que la respuesta institucional frente a estas amenazas debe ser una prioridad para el Ministerio Público. Por ello, insiste en que la institución actúe en estricta concordancia con la Constitución, priorizando la defensa de la nación y de sus ciudadanos.
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Muñante pide desactivar las fiscalías de Derechos Humanos
De manera paralela a su solicitud principal, Alejandro Muñante planteó la desarticulación de las fiscalías de Derechos Humanos e Interculturalidad. El legislador cuestionó que la orientación de estos despachos responda, según su oficio, más a estándares internacionales con un presunto sesgo ideológico que a los intereses del Perú.
Este segundo punto añade una nueva dimensión al debate sobre la estructura y prioridades del Ministerio Público. La propuesta sugiere una reevaluación de las funciones y el enfoque de las diferentes áreas que componen la institución encargada de la persecución del delito.
Ahora, la decisión recae en el despacho del Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, quien deberá evaluar el oficio y determinar el curso de acción respecto a la estructura fiscal en Ayacucho y el VRAEM.
