Tras una década de exhaustivas investigaciones preliminares, ha dado inicio el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Este proceso judicial representa un momento decisivo en uno de los casos de corrupción de mayor repercusión en la historia reciente del Perú, llevando a la exmandataria a responder finalmente ante la justicia.
A la exburgomaestre se le imputa el liderazgo de una supuesta red criminal que habría gestionado fondos ilícitos por un valor cercano a los 11 millones de dólares. Dicho dinero habría sido entregado por las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht, empresas centrales en el escándalo regional de Lava Jato.
La tesis fiscal, encabezada por el fiscal José Domingo Pérez, sostiene que el dinero fue entregado para financiar la campaña contra la revocatoria en 2013 y su intento de reelección en 2014. A cambio, la gestión de Villarán habría favorecido a las empresas con la concesión y modificación de contratos de los peajes de la ciudad.
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Susana Villarán: proceso marcado por demoras
El largo camino hacia el juicio ha estado lleno de controversias, principalmente por la demora en el proceso. La defensa de los implicados y diversos analistas han señalado la lentitud con la que ha avanzado el caso, un factor que ha tenido consecuencias directas en la disponibilidad de testimonios clave.
Dos figuras centrales en la trama ya no pueden ofrecer su versión. Se trata de José Miguel Castro Gutiérrez, conocido como ‘Budian’ y mano derecha de Villarán durante su gestión municipal, quien falleció. Su testimonio era considerado fundamental para esclarecer el destino y la gestión del dinero.
El otro personaje clave ausente es Leao Pinheiro, expresidente de la empresa brasileña OAS. Su colaboración con la justicia peruana se vio truncada, lo que, según la defensa, debilita la capacidad de la Fiscalía para corroborar los montos y las circunstancias exactas de la entrega de los fondos.
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Peajes de Lima
El núcleo de la acusación se centra en la suscripción de una adenda contractual que amplió la concesión de los peajes del proyecto Línea Amarilla. Según las declaraciones de exejecutivos de OAS, los millonarios aportes a las campañas de Susana Villarán estaban directamente relacionados con estos beneficios contractuales.
Esto significa que, según la Fiscalía, la exalcaldesa habría entregado el control de importantes vías de la capital a cambio de la coima para asegurar su permanencia en el poder. El impacto de estas decisiones se siente hasta hoy en el bolsillo de miles de ciudadanos que a diario transitan por estas vías y pagan las tarifas.
Aunque Susana Villarán ha reconocido públicamente haber recibido fondos de las constructoras, ha negado que se tratara de un acto de corrupción. En su defensa, argumentó que el dinero se utilizó para defender su gestión de “mafias” y negó que los acuerdos representaran beneficios indebidos para las empresas. Sin embargo, la confesión sobre la recepción del dinero la ha puesto en una posición complicada ante la opinión pública y la justicia, que ahora deberá determinar su responsabilidad penal en este emblemático caso.
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“Por no haber hecho un gobierno a favor de los poderoso”
Tras la instalación de su juicio oral, la exalcaldesa se atrevió a dar una peculiar ‘reflexión’ ante la prensa, señalando que se le está juzgando por no hacer un gobierno favorable a los poderosos.
“Quiero darles una reflexión general de cómo experimento este día de hoy. Aquí se me está juzgando por no haber hecho un gobierno a favor de los poderosos, de los formales y de los informales en nuestra ciudad”, indicó en declaraciones a la prensa.
Susana Villarán también defendió su obra por el río Rímac, afirmando que el tema de los peajes nace de un contrato realizado por el fallecido alcalde Luis Castañeda en el 2009.
“Me apena muchísimo que se haya olvidado el fiscal, el procurador, de los pobladores de la margen izquierda del río Rímac, más de 2,500 familias que recibieron compensaciones justas, justamente para renegociar un contrato que había hecho el alcalde Castañeda en el 2009 y que entregaba el 65% de los peajes. Ese 65% de los peajes de Lima los entregó Castañeda en el 2009 y negoció una tarifa que se iba a ir incrementando periódicamente después de mi gestión, en la adenda número dos”, agregó.
