El 27 de agosto, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) irrumpió en la vivienda de Nicanor Boluarte, en el distrito de San Borja. El allanamiento revela cuestionamientos al procedimiento del equipo fiscal, liderado por Carlos Ordaya.
La diligencia, parte de la investigación a la presunta organización criminal “Ícaro” relacionada con la minera “El Dorado”, buscaba pruebas que vinculen al hermano de la presidenta con actividades ilícitas. Sin embargo, el operativo ha generado diversas preguntas sobre su correcta ejecución y el procedimiento fiscal.
Una de las principales irregularidades en este caso es la supuesta siembra de un documento para incriminar a una persona inocente en un caso que no tiene relación con ella, según el abogado de Nicanor Boluarte, Mateo Vivanco.
El fiscal a cargo de la investigación, Carlos Ordaya, ha respondido a estos cuestionamientos, asegurando que el operativo fue un éxito.
“Nosotros formulamos un requerimiento. Entonces, es ilógico que nosotros estemos politizados”, dijo el fiscal en el programa ‘ContraCorriente.
Durante la diligencia, se encontró un informe de fiscalización del Gobierno Regional de Ayacucho sobre las instalaciones de la minera “El Dorado”. La fiscalía informó que este documento se halló sobre un mueble en la sala de la vivienda. Sin embargo, videos del momento exacto del ingreso del Eficcop muestran que el mueble estaba vacío.
Cuando se le consultó sobre la diferencia entre los videos de la fiscalía y los que se hicieron públicos, el fiscal Ordaya afirmó que no había verificado el video completo de la diligencia debido a su larga duración.
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El procedimiento fiscal y las preguntas sin respuesta
Otro punto de cuestionamiento ha sido la filtración del documento supuestamente encontrado en el allanamiento. La fiscalía negó que el documento se encontrara en la vivienda.
Ante esta contradicción, el abogado Vivanco señaló que el periodista que difundió la información, Rodrigo Cruz, solo podría haber tenido acceso a ese contenido si estuviera detallado en el acta de allanamiento.
Se le preguntó a Ordaya sobre la presunta reunión del periodista con la excoordinadora del EFICCOP, Marita Barreto, para una tregua periodística. A lo que respondió que desconocía dicha información.
Por otro lado, el fiscal también admitió que el allanamiento se llevó a cabo sin la presencia de policías especializados, lo cual considera “no ideal”, ya que el Código Procesal Penal exige al fiscal tomar todas las previsiones necesarias para un cumplimiento regular y seguro de la diligencia.
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La diligencia se realizó con la participación de tres suboficiales de la Comisaría de San Borja, lo que también es una irregularidad al no seguir lo estipulado por ley.
El allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte ha expuesto la forma en que se conduce la investigación en el Ministerio Público.
Las contradicciones sobre el documento hallado, la falta de verificación de pruebas clave y la omisión de los protocolos establecidos en el Código Procesal Penal, como la presencia de efectivos policiales especializados, han puesto en evidencia una serie de fallas que generan dudas sobre la legalidad y transparencia de la diligencia.
En este contexto, la versión del fiscal Ordaya no ha logrado disipar los cuestionamientos que pesan sobre el operativo.
