‘ContraCorriente’ dio a conocer este miércoles que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte evalúa seriamente la posibilidad de enviar la carta de renuncia del Estado peruano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La decisión implica directamente renunciar al Pacto de San José, el tratado que sirve como pilar para la defensa de los derechos humanos en la región.
La historia de Perú con la CIDH
Esto comenzó formalmente en 1981, cuando el país reconoció expresamente su competencia, permitiendo que sus ciudadanos pudieran llevar casos contra el Estado ante esta instancia internacional. Anteriormente, en 1969, ya había firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A lo largo de las décadas, la Corte IDH ha emitido fallos en casos peruanos que han generado un intenso debate. Uno de los más conocidos es el caso Barrios Altos, en el cual la Corte declaró nulas las leyes de amnistía que favorecían a militares y policías acusados de violaciones de derechos humanos en los años 80 y 90.
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Otro episodio relevante ocurrió en 2017, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó un indulto humanitario a Alberto Fujimori. La Corte Interamericana ordenó al Estado peruano revisar si dicha medida cumplía con los estándares internacionales, lo que llevó al Poder Judicial a dejarla sin efecto en ese momento.
La Corte también ha abordado casos de violencia y discriminación. En el caso de Azul, una persona LGBTI que fue detenida, agredida y violada por agentes policiales en 2008, el sistema de justicia peruano archivó la denuncia. La Corte IDH determinó que el hecho constituyó un acto de tortura y declaró al Perú responsable por violar derechos fundamentales.
Debate entre soberanía y desprotección
La posible salida del Perú de la competencia de la Corte IDH se alimenta de una tensión constante entre la protección de poblaciones vulnerables y la defensa de la soberanía nacional. Un sector de la población considera que la Corte tiene una dirección progresista que interfiere con las decisiones internas del país.
Además, existe la percepción de que la CIDH actúa con un sesgo político, mostrando celeridad cuando las denuncias provienen de un espectro ideológico y demorando su respuesta cuando los reclamos llegan desde la otra orilla política.
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Perú forma parte de los veinte estados que, hasta la fecha, han reconocido la competencia contenciosa de la Corte, junto a países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.
Abandonar el Pacto de San José eliminaría la supervisión de la Corte y la Comisión, lo que podría abrir la puerta a debates sobre la aplicación de medidas como la pena de muerte, actualmente restringida por la Convención.
Para algunos, la renuncia a esta instancia internacional podría interpretarse como un acto de soberanía, pero para otros, representa un riesgo de desprotección frente a posibles abusos de poder, especialmente en un país con un sistema judicial cuestionado y a menudo impredecible.
