El partido Renovación Popular rechazó las acusaciones de la exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, quien señaló que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, presionó para forzar su destitución con apoyo del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
La agrupación política calificó de “falsas” dichas declaraciones en un comunicado difundido el último 5 de septiembre y compartido por el propio burgomaestre en su cuenta de Facebook.
Renovación Popular sale en defensa de Rafael López Aliaga
En el pronunciamiento, Renovación Popular precisó que la denuncia presentada por López Aliaga ante la Procuraduría General del Estado (PGE) fue un acto legítimo dentro de sus atribuciones.
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“El alcalde Rafael López Aliaga, en uso de sus facultades, presentó una denuncia por inconducta funcional/falta grave ante la Procuraduría General del Estado, solicitando su destitución por haber transgredido el deber de guardar reserva de la información”, indican.
Asimismo, el documento señala que congresistas de la bancada se presentaron de manera formal en la PGE para expresar su preocupación respecto al comunicado de Carrión, recordando que esta institución “no tiene competencia para defender al Estado peruano en el caso Discovery en los Estados Unidos (Rutas de Lima)”.
Las acusaciones de Silvana Carrión
En una reciente entrevista, Carrión denunció haber sido víctima de presiones directas del alcalde de Lima. “El alcalde me escribía todos los días… Varios mensajes al día, sábados y domingos, tratando de presionarme para que yo tome una decisión respecto al pedido que él había hecho”, dijo para RPP.
La exprocuradora aseguró que López Aliaga solicitó en varias ocasiones su destitución y que las mismas fueron registradas en actas del Consejo Directivo de la Procuraduría General.
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“Esos son documentos (…) donde expresamente dice que, por pedido del alcalde de la Municipalidad de Lima, se evaluará el tema de mi cese”, mencionó.
Carrión también deslizó que su remoción fue consecuencia de un cambio en la representación del Ministerio de Justicia en el Consejo Directivo de la PGE, tras la designación de Santiváñez.
Agrupación descarta presiones políticas
En su carta, el partido afirmó que ni la denuncia presentada por la autoridad edil ni las gestiones de sus parlamentarios constituyen una “injerencia política”.
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“La presentación de la denuncia por el alcalde de Lima, así como la visita de los congresistas a la Procuraduría General del Estado, de ninguna manera denota un acto de injerencia política, sino el ejercicio legal y constitucional de sus atribuciones en defensa de los intereses del país“, remarcan.
