La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó, por mayoría, admitir a trámite una denuncia constitucional contra el vacado expresidente Martín Vizcarra, presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
El caso está relacionado con la adquisición masiva de pruebas rápidas durante los primeros meses de la pandemia de la COVID-19, en 2020. La denuncia fue aprobada con 15 votos y una abstención en la SAC.
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La acusación también involucra al exministro de Salud, Víctor Zamora, y la exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva. Según el Ministerio Público, los tres habrían incurrido en el delito de colusión agravada, al presuntamente beneficiar determinadas compañías privadas mediante compras directas, sin cumplir los procedimientos exigidos por ley en Perú.
El documento fiscal sostiene que Vizcarra habría dado luz verde la adquisición de más de un millón de pruebas serológicas por medio del Decreto de Urgencia N.° 028-2020. El monto total de la operación superó los 6 millones de dólares y los contratos habrían favorecido las empresas Nipro Medical Corporation y Multimedical Supplies S.A.
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A Zamora se le atribuye haber concretado el favorecimiento de las firmas privadas al organizar la distribución y uso de las pruebas, sin garantizar su eficacia. Alva, en tanto, es acusada de viabilizar el proceso con la apertura de partidas presupuestales para las adquisiciones, aún con las recomendaciones técnicas en contra.
Para la Fiscalía, existen indicios de una concertación entre altos funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes empresariales, quienes habrían direccionado las compras públicas en beneficio propio dentro de la declaratoria de emergencia sanitaria por la COVID-19.
