Este miércoles 18 de junio, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda evaluar la vacancia presidencial de Dina Boluarte por el caso ‘Cirugías’.
Durante una sesión extraordinaria, comunicaron que solo 12 parlamentarios participaron en la votación. De ellos, nueve se mostraron a favor y tres se abstuvieron, por lo que el documento recibió luz verde.
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De acuerdo con el informe, “el Congreso se encuentra en la obligación constitucional de valorar si dicha conducta compromete irreversiblemente la integridad moral de la presidenta para ejercer el cargo y, en consecuencia, si resulta jurídicamente procedente y políticamente legítima la declaración de su vacancia por la causal de incapacidad permanente, tipificada en la Carta Magna“.
Asimismo, se sugiere que el legislador Juan Burgos, titular de la citada comisión, se presente ante el pleno en la próxima legislatura para exponer el informe, atendiendo la “gravedad institucional y la trascendencia política de los hechos” en los que está envuelta Boluarte.
En las conclusiones, se indica que “se pudo determinar con un alto grado de certeza que la señora Dina Boluarte, en su calidad de presidenta de la República, se sometió a una intervención quirúrgica de carácter estético y funcional” durante los últimos días de junio de 2023.
El procedimiento tuvo lugar en la Clínica Cabani, según las declaraciones del cirujano Mario Cabani. Este procedimiento, señala el informe, fue de “carácter electivo y no urgente”, lo que se contrapone con los deberes de una jefa de Estado.
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Se menciona también que, tras la intervención, misma que requirió no solo atención quirúrgica especializada y un reposo entre el 28 de junio y 4 de julio de 2023, “se ha visto comprometida la continuidad del mando presidencial, la capacidad de toma de decisiones en tiempo real, la atención de emergencia nacionales y la conducción general de la política del Estado“.
Además, apuntan que la posible incapacidad temporal de Boluarte no fue informada al Parlamento. Por ello, se recomienda que el Congreso evalúe si las acciones y omisiones son motivos para declarar la vacancia de la gobernante.
