La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte como presunta autora de delitos de lesiones leves y graves durante las protestas que iniciaron en diciembre de 2022 y terminaron en febrero de 2023.
La querella también recae en sus exministros, Pedro Angulo Arana, Alberto Otárola, César Augusto Cervantes, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.
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La Fiscalía apunta contra la jefa de Estado y exfuncionarios como presuntos autores de los delitos de lesiones leves y graves en agravio de Ronald Rojas Ramos, Michael Chipana Vega y otros.
La imputación está vinculada a las protestas sociales comprendidas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana, donde se identificó a 75 víctimas por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, hechos que fueron de pleno conocimiento de los investigados.
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