El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) indicó que proponer otorgarle a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) el control de los penales es "inconstitucional" y, por lo tanto, inviable desde un aspecto legal y operativo.
En su pronunciamiento, la mencionada cartera remarcó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mantiene el principio de autoridad y el orden en los penales con agentes especialmente capacitados para esa labor.
Enfatizó que ni la PNP ni las FF.AA. tienen la formación profesional para cumplir con el mandato constitucional de la resocialización, la rehabilitación y la reincorporación de los internos a la sociedad como finalidad del sistema penitenciario, tal como lo manda el numeral 22 del artículo 139 de la Constitución.
El Minjus señaló que los servidores penitenciarios están capacitados en la normatividad vigente sobre derechos humanos y uso de la fuerza en el contexto penitenciario.
CASO EL SEXTO
Manifestó también que entregarle el cuidado de los penales a la PNP o las FF.AA. significa revivir los célebres sucesos acontecidos en el penal “El Sexto” en 1984, donde la Guardia Republicana, encargada de custodiar los penales, fue sobrepasada por un grupo de 10 delincuentes.
De igual forma, puntualizó que los penales son centros de resocialización y el INPE "hace los mayores esfuerzos para devolver mejores personas a la sociedad", brindándoles talleres de trabajo, educación básica y técnica, programas como Orquestando, Cero Analfabetismo, Cárceles Productivas, entre otros.
Finalmente, expresó que insinuar el fracaso del sistema penitenciario no se condice con el trabajo y esfuerzo del INPE, en su rol constitucional de administrar los penales.
"No obstante, nos corresponde reforzar y fortalecer la articulación del trabajo que coadyuve a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado", sentenció.
DENUNCIAS POR EXTORSIÓN
El Minjus informó que, en lo que va del año, el 0.2% del total de denuncias por extorsión provienen de los penales del país, lo que generó el traslado de 21 internos a cárceles de mayor seguridad.
De acuerdo con las estadísticas del sector, en 2024 se han registrado 15,384 denuncias por extorsión hasta el momento, mientras que en 2023 el 0.1% de los 19,305 casos reportados correspondieron a denuncias por extorsión. Ese año, 24 internos fueron trasladados a penales de mayor seguridad.
