De los 800 taxistas que trabajan para un total de 33 empresas en el aeropuerto Jorge Chávez, 201 tienen denuncias policiales por delitos graves, según un informe del diario El Comercio.
Entre los ilícitos, figuran robo, violación, homicidio, tráfico de drogas, secuestro, inducción de fuga de menores, atropellos con abandono de la víctima, conducción en ebriedad, hasta fabricación de explosivos y otros materiales peligrosos.
Además, 143 de estos están siendo procesados por la Fiscalía. La preocupación aumenta al conocer que los gerentes de las asociaciones de taxistas también están implicados en actos delictivos.
De las 28 personas que lideran las empresas o asociaciones, las cuales son supervisadas por Ositrán, 18 tienen antecedentes graves, desde estafa, fraude, violación sexual, violencia familiar, robo agravado, tráfico ilícito de drogas, secuestro y hasta homicidio calificado. Y, de estos 18, cinco han cumplido condena en prisión.
El reportaje endilga la responsabilidad a Lima Airport Partners (LAP), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), y la Policía Nacional.
Por ejemplo, la ATU permite que cualquiera se registre como taxista presentando una simple declaración jurada.
Según el informe, los taxistas independientes son amedrentados e intimidados por asociaciones que funcionan como mafias.
