Martín Vizcarra dejó el penal de Barbadillo, pero su situación judicial está lejos de concluir. Nuevas evidencias en las investigaciones en su contra han surgido, sumando un capítulo clave a su historial.
Un hallazgo central proviene de su relación con el exministro de Agricultura, José Manuel Hernández.
Nuevos chats y declaraciones a los que tuvo acceso ‘ContraCorriente‘ confirman que el Estado peruano tenía conocimiento desde principios de 2020 sobre la limitada utilidad de las pruebas rápidas para combatir la COVID-19.
Conversaciones entre Martín Vizcarra y José Manuel Hernández
Las conversaciones privadas entre Martín Vizcarra y su entonces amigo e intermediario, José Manuel Hernández, han sido presentadas en el juicio oral contra el expresidente. Estos mensajes, confirmados por la investigación fiscal, muestran que el propio Vizcarra reconocía que las pruebas rápidas eran inútiles para un diagnóstico preciso de la COVID-19.
Aun con esta información, su gobierno insistió en basar la estrategia sanitaria en los test serológicos. Mientras tanto, las pruebas moleculares, que eran consideradas las únicas efectivas para detectar el virus en tiempo real, fueron relegadas a un segundo plano, una decisión que tendría graves consecuencias.
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Una estrategia cuestionada y la evidencia en los chats
José Manuel Hernández, quien fue parte del círculo de confianza de Vizcarra, ahora coopera con la justicia. Como parte de su colaboración eficaz, entregó al Ministerio Público más de 200 páginas de conversaciones por chat que sostiene en los distintos casos que involucran al exmandatario.
En 2020, mientras gran parte del mundo invertía en pruebas moleculares para frenar los contagios, el Perú destinó millones de soles a la compra de pruebas rápidas. Estos test no detectaban el virus directamente, sino los anticuerpos que el cuerpo genera para combatirlo, lo que resultaba en falsos negativos y diagnósticos equivocados que permitieron que el virus siguiera avanzando sin control.
Diversas instituciones, como el Colegio Médico del Perú y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), alertaron sobre la ineficacia de estas pruebas para la detección temprana de la enfermedad.
No obstante, en el despacho presidencial de Martín Vizcarra y en el Ministerio de Salud, la decisión de continuar con esta estrategia ya estaba tomada.
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La responsabilidad política y judicial de Víctor Zamora
En esta trama aparece un segundo protagonista: el exministro de Salud, Víctor Zamora.
El congresista Alejandro Muñante presentó una denuncia constitucional en su contra, acusándolo de presunta negligencia en el manejo de la pandemia. La denuncia señala que las compras de pruebas rápidas, junto al desabastecimiento de oxígeno, vulneraron el derecho a la vida de miles de peruanos.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ya aprobó un informe que recomienda inhabilitar a Zamora de la función pública por un período de diez años. De forma paralela, el Poder Judicial ha ordenado abrir un proceso penal en su contra para determinar sus responsabilidades.
Martín Vizcarra y sus juicios
Mientras Vizcarra enfrenta su propio juicio por otros casos de corrupción, Zamora deberá responder por su rol como cabeza de la estrategia sanitaria. Los casos de ambos se conectan en el mismo punto: la adquisición de las pruebas rápidas. Los chats revelan un conocimiento previo de las advertencias, y la denuncia contra Zamora expone las decisiones políticas que afectaron a millones.
Los nuevos hallazgos fortalecen la idea de que el gobierno de Vizcarra sabía que las pruebas rápidas no eran la herramienta adecuada, pero aun así decidió seguir adelante.
