En un escenario de ajustada economía familiar para millones de peruanos, el Congreso de la República vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, la controversia surge tras la entrega de un bono extraordinario de S/ 27 mil (equivalente a 5 UIT) para sus cerca de 4,000 trabajadores.
Este desembolso se suma a los beneficios de escolaridad, permitiendo que el personal administrativo perciba ingresos similares a los de un legislador.
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Congreso: críticas desde el propio hemiciclo
La noticia no ha tardado en generar fisuras dentro del Parlamento. La bancada de Renovación Popular emitió un comunicado expresando su “total rechazo” a la asignación, considerándola un despropósito.
En esa misma línea, la congresista Katy Ugarte calificó el beneficio como “desproporcionado”, instando a que se compare la realidad salarial del Congreso con la de otros sectores del país que operan bajo estricta austeridad.
Por su parte, el legislador Guido Bellido exigió que la presidencia del Congreso brinde explicaciones detalladas sobre el sustento de este pago.
“Aquí tiene que haber una explicación… el actual presidente va a tener que informar”, señaló Bellido ante el silencio de la Mesa Directiva.
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Un historial de privilegios
Esta no es una práctica aislada. En enero del año pasado, se aprobó un bono de S/ 20,600 (4 UIT) bajo la gestión de Alejandro Soto. Además, el sindicato ha exigido anteriormente compensaciones de hasta S/ 10,000 por “cumplimiento de objetivos”.
Con el precedente de negociaciones colectivas que blindan estos pagos, la percepción ciudadana de un Congreso desconectado de la realidad nacional se agudiza. Mientras el sindicato advierte que “no será la última vez”, la reforma de estos privilegios parece quedar postergada para la próxima gestión legislativa.
