El Congreso de la República recibió el Proyecto de Ley 13665/2025-CR, una iniciativa legislativa presentada por el parlamentario José Luna Gálvez. El documento propone la creación del Programa de Regularización de Sanciones en el sector transporte.
Esta iniciativa busca establecer beneficios económicos en el pago de infracciones de tránsito y transporte a nivel nacional, tanto para el sector público como para el privado.
El documento fue recibido por el Área de Trámite Documentario del Congreso el 6 de enero de 2026, con el fin de promover la formalización del transporte.
Congreso: ¿Qué plantea el proyecto de ley?
La propuesta legislativa plantea un esquema de reducción de multas según la gravedad de la falta cometida, incluyendo intereses, recargos y las denominadas costas procesales.
Para las infracciones leves, el proyecto contempla una reducción del 98%, mientras que para las infracciones graves el descuento alcanzaría el 95% del monto total.
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En el caso de las faltas calificadas como muy graves, los conductores podrían acceder a una reducción del 92% tras cumplir con los requisitos establecidos en la norma.
El ámbito de aplicación abarca sanciones impuestas por el SAT, la ATU, la Sutran, la Policía Nacional del Perú y los gobiernos regionales o locales.
Congreso: Capacitación obligatoria y reinserción vial
Un eje central de la ley es la seguridad vial, exigiendo a los conductores de faltas graves y muy graves realizar cursos de buenas prácticas para reducir la sanción.
Para quienes tengan la licencia de conducir suspendida o cancelada, se exigirá aprobar un examen de conocimientos y una evaluación de manejo rigurosa ante las autoridades.
Una vez recuperado el documento, el conductor entrará en un periodo de prueba de tres años, donde la acumulación de puntos podría derivar en una cancelación definitiva.
El texto aclara que estas medidas buscan la reactivación económica del sector, garantizando el derecho constitucional al trabajo para los transportistas profesionales del país.
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Exclusiones críticas y datos de siniestralidad
El programa de beneficios excluye explícitamente a quienes conduzcan en estado de ebriedad, bajo efectos de drogas o participen en competencias de velocidad no autorizadas.
Tampoco podrán acogerse aquellos que hayan causado accidentes con resultado de muerte o lesiones graves, ni quienes hayan agredido al personal de fiscalización civil o policial.
Según la exposición de motivos, durante el primer trimestre de 2025 se registraron 21,749 siniestros de tránsito en Perú, siendo el factor humano la causa del 65.4%. El informe señala que Lima concentra el 51.4% de los accidentes a nivel nacional, seguida por regiones como Arequipa, La Libertad y la provincia constitucional del Callao.
La propuesta legislativa establece un plazo de 90 días calendario para que los conductores se acojan al beneficio una vez que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.
