La necesidad de un fiscal de la Nación titular se vuelve urgente para garantizar la estabilidad política y la legitimidad en el país. Para Tomás Gálvez, la falta de un líder definitivo afecta la operatividad del sistema.
Según sus declaraciones en ‘ContraCorriente’, es “razonable y conveniente que se elija ya a un fiscal de la Nación titular” para recuperar la legitimidad ciudadana.
Sin embargo, el proceso para esta designación no es inmediato ni sencillo. La estructura jerárquica de la Fiscalía exige pasos previos que dependen directamente de la voluntad y el consenso de los magistrados.
Tomás Gálvez: El rol determinante de la Junta de Fiscales Supremos
La ruta hacia una nueva elección está bloqueada por un acuerdo previo. Gálvez sostiene que “tiene que haber, en primer lugar, un acuerdo de Junta de Fiscales Supremos que deje sin efecto la elección de Delia Espinoza” para declarar la vacancia del cargo.
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El fiscal supremo aclaró que Delia Espinoza “aún es fiscal de la Nación titular” debido a que técnicamente “no ha sido destituida” de su cargo de manera permanente.
La inhabilitación actual tiene una naturaleza temporal. En palabras del magistrado, “la medida de inhabilitación es temporal, por diez años”.
Competencias de la JNJ
La destitución definitiva es una competencia exclusiva de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Solo mediante una resolución de este organismo se habilitaría el camino legal para un nuevo nombramiento permanente.
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Tomás Gálvez: Factores temporales y quórum institucional
El mandato de un Fiscal de la Nación tiene una duración de tres años. En el caso actual, el tiempo de inhabilitación supera ampliamente el periodo para el que fue elegida la autoridad cuestionada.
Gálvez señala que los dos años restantes del mandato actual se consumen dentro del periodo de sanción. Esta situación genera un vacío de poder que la Junta de Fiscales intenta resolver bajo criterios de mayoría.
La falta de quórum o la ausencia de integrantes clave, como Pablo Sánchez, complican la toma de decisiones. El consenso es fundamental para evitar futuras impugnaciones que debiliten aún más al sistema judicial.
