El juicio contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, se encuentra en marcha. La Fiscalía solicita una pena de 29 años de prisión por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita y corrupción, vinculados a un monto que asciende a 10 millones de dólares.
La acusación fiscal se centra en el financiamiento de sus campañas políticas: la del ‘No’ a la revocatoria en 2013 y la de su reelección en 2014. Según la tesis fiscal, estas se habrían sostenido con fondos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.
Este dinero, según las investigaciones, no fue reportado en los informes oficiales presentados ante las autoridades electorales. En su lugar, se habría utilizado un complejo esquema para simular ingresos legítimos y ocultar el origen de los fondos.
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Caso Susana Villarán: Las cuentas que no cuadran ante la ONPE
Documentos oficiales revelan las inconsistencias detectadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Ananías Liberato, funcionario del organismo, declaró que durante la verificación de las cuentas del partido Diálogo Vecinal, se encontraron omisiones significativas.
Liberato detalló que Diálogo Vecinal “no declaró ingresos por un total de 2 millones 765 mil 180.34 soles como gastos de publicidad electoral”. Esta cifra surge de la diferencia entre los comprobantes de la empresa Mindshare SAC, que sumaban S/ 3,875,167.34, y lo reportado por el partido, que fue de S/ 1,099,987.
El funcionario también afirmó que se informó a Susana Villarán “de los resultados de verificación y control, pero no respondió”. Esta falta de respuesta se sumó a las dificultades que encontraron los fiscalizadores del ente electoral para acceder a la información contable de la campaña.
Fernando Pinto, otro funcionario de la ONPE, recordó en su testimonio que Susana Villarán “había salido a los medios diciendo que no había obligación de presentar los gastos de campaña”. Además, señaló que se enviaron “por lo menos 4 cartas y 1 correo electrónico a los diversos representantes” para solicitar la información financiera.
Luis Barboza, también de la ONPE, complementó que tuvieron “serias dificultades para los actos de verificación”. Explicó que la documentación solicitada a la contadora de Diálogo Vecinal no se entregaba, sino que solo se exhibía en el local del partido, y que recordaba que “no habían documentos”.
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El engranaje de los falsos aportantes
Para maquillar estas cuentas, la Fiscalía sostiene que se utilizó una lista de falsos aportantes. Se trata de 65 personas, entre taxistas, estudiantes y vecinos, cuyos nombres y firmas se habrían utilizado sin su consentimiento para justificar ingresos de campaña.
Dos de los casos más notorios son los de Jorge Machuca Cerdán y Juan Daniel Acosta Villamonte. Durante su declaración, a Acosta se le preguntó si reconocía haber donado 228 mil soles, a lo que respondió: “Jamás he dado ni un solo aporte, no tengo los ahorros para darlos”.
De manera similar, Machuca negó haber aportado 80 mil soles. “No reconozco. Ni a la fecha ni en 2014 tenía en mi poder la suma de 80 mil soles para donarlos”, manifestó en su testimonio. Estas negaciones constituirían una omisión de información, según la ONPE.
El testimonio de Luis Barboza de la ONPE arroja más luces sobre este mecanismo. Indicó que, en reemplazo de Jorge Machuca, la organización política presentó 25 aportes, y en el caso de Juan Acosta, se presentaron otras nueve personas.
Un testimonio clave en este proceso es el de Mónica Pozo Palomino, quien fue contratada como asesora contable para la campaña. Su labor duró apenas dos meses, tiempo en el cual, según su declaración, no le entregaron ni cuentas bancarias ni facturas. “No tenían cuentas, ni libros contables”, afirmó.
Debido a esta falta de documentación, Pozo Palomino declaró en cero ante la SUNAT y la ONPE los movimientos de septiembre y octubre. Esta situación la llevó a renunciar a su cargo, convirtiéndose en una pieza relevante del caso.
En este contexto, reaparece el nombre de Anel Townsend, presentada en 2013 como vocera de la campaña del ‘No’ a la revocatoria. La propia Susana Villarán llegó a decir públicamente sobre los manejos económicos: “Anel es la que tiene cifras”.
El desbalance entre los gastos detectados, que solo en publicidad superan los 3.8 millones de soles, y lo declarado oficialmente, es uno de los pilares de la acusación fiscal.
Mientras el juicio avanza, Susana Villarán ha sostenido su inocencia frente a las imputaciones.
