El asesor parlamentario de la congresista Rosío Torres, de Alianza para el Progreso (APP), ha logrado adquirir extrañamente más de 80 propiedades entre Lima, Tarapoto y Abancay.
Jesús Humberto Sierra Tapia es apurimeño y tiene 61 años, pero no es un ciudadano común y corriente, pues es un millonario. El mencionado lleva años trabajando en el Parlamento.
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La Policía siguió el rastro a los familiares de la congresista de APP en el caso ‘Pijuayo’, donde se investiga a Cirilo Torres, padre de la congresista, Nery Salinas de Torres, su esposa, con vínculos presuntamente oscuros. Asimismo, en el organigrama aparecen tres presuntos testaferros: Jesús Humberto Sierra Tapia, con más de 79 propiedades, Ericka Roxana Garay Méndez, con 16 inmuebles en Otuzco, y Juan Daniel Pérez Tapia, sobrino de la congresista con 10 inmuebles.
Durante el período de recorte de sueldos, Sierra Tapia también habría sido afectado. Una aspirante a colaboradora eficaz reveló que el asesor depositó dinero al sobrino de la congresista Torres. Consultado sobre este caso, él se ampara en que es una investigación en reserva, pero a su esposa le habría contado la verdad. También le mochaban el sueldo a su esposo.
“Es demasiado ya, estos políticos también hacen lo que se les da la gana (A él le ‘mochaban’ también) Yo me enteré cuando vi en la televisión, las clientas me han dicho porque yo ni veo televisión. Ellas me dicen lo que vieron y yo les digo ‘así saca cosas la prensa’, como minimizando el hecho”, señalaba la cónyuge.
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HABLA EL EXASESOR PARLAMENTARIO
“(¿Usted había depositado al sobrino de la congresista 4 mil soles?) Efectivamente, yo le hice un préstamo. (Ayer conversamos con su esposa y me dijo que usted le confesó que le ‘mochaba’ el sueldo) No, para nada. (¿Miente su esposa?)”, respondió el exasesor.
De acuerdo al expediente al que accedió ‘ContraCorriente’, este dinero recaudado ilegalmente se usó para compra de perfume Carolina Herrera, un boleto de avión con el precio elevado que desató la furia de Torres y, como para congraciarse con su conciencia, utilizó el dinero para ayuda social.
Pero en los últimos meses, el asesor ha pasado de ser testigo en este caso a convertirse en el principal objetivo de la Policía y la Fiscalía de lavado de activos por sus 65 propiedades en Carabayllo, en la urbanización asociación de propietarios de vivienda Villa Santa Rosita. Él niega la propiedad, asegura que hubo un error en la independización de los predios.
Si Tapia reconocía hasta hace una semana esta propiedad, en la siguiente entrevista cambia de versión y asegura que la propiedad ha sido vendida.
“Ya lo hemos vendido (En la entrevista no me dijo eso) Si, o sea ya lo (sic) (¿A quién lo ha vendido? ¿Lo recuerda?) Sí, a una empresa inversiones Hatun Tambo”, sostuvo en comunicación telefónica.
Hatun Tambo
¿Quién es el propietario de la empresa Hatun Tambo? Su hijo Nelson Sierra Sánchez, quien adquirió el predio que hace 20 años le costó a sus padres 3,570 dólares. En la actualidad lo compró a 100 mil soles el 24 de junio del 2024. Todo queda en familia o se ha hecho algún mecanismo para salvaguardar este edificio de 6 pisos. Sierra Tapia les habría indicado a los vecinos que sus hermanos financiaban tamaña inversión inmobiliaria.
Adquirieron ocho predios a precio irrisorio
La alerta alto cuando Sierra Tapia, junto a su esposa, adquirieron ocho predios en Tarapoto entre 2023 y 2025, pagando sumas irrisorias. Según la investigación, el vendedor Juan Sánchez Medina, subdividió una parcela de 12 hectáreas en 59 lotes, ofertados en 25 mil soles cada uno, pero Sierra y su esposa pagaron apenas S/ 1,900 y S/ 4,000 por los suyos.
Según la registros públicos, poseen 65 lotes en Carabayllo, pero Sierra Tapia tiene coartada.
Esposo de Rosío Torres sería el cabecilla
La investigación policial apunta a una presunta red de lavado de activos liderada por Fernando Meléndez Celis, esposo de la congresista Torres y exgobernador regional de Loreto, a quien ahora sus paisanos lo repudian.
Meléndez, con más de 150 investigaciones fiscales, estaría utilizando a familiares y trabajadores como testaferros para ocultar una fortuna que supera los 6 millones de dólares, invertida en bienes raíces. La Policía de lavado de activos sostiene que el dinero tiene origen en actividades ilícitas como minería ilegal, corrupción, narcotráfico y terrorismo.
