La jornada democrática del 12 abril de 2026 se transformó en un laberinto judicial sin precedentes tras la quiebra operativa de la ONPE.
Lo que debió ser un proceso fluido terminó con locales de votación sin material electoral, afectando el derecho al sufragio de más de 63 mil ciudadanos. Además de estos problemas logísticos, han surgido denuncias relacionadas al conteo de votos y presuntos cambios en los resultados finales.
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Debido a estas irregularidades, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, enfrenta actualmente denuncias penales y pedidos de destitución o renuncia. La Junta Nacional de Justicia ha iniciado una investigación preliminar en su contra para determinar responsabilidades.
El propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, admitió ante el Congreso fallas graves e incumplimientos por parte del organismo organizador.
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La diferencia de votos entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga es de apenas 13 mil votos. Este margen estrecho implica que el pase a la segunda vuelta depende ahora de la resolución de más de medio millón de votos observados. La justicia electoral deberá decidir si estos sufragios se contabilizan o se anulan definitivamente.
Pese a las irregularidades, especialistas como José Tello señalan que no se advierte una causal de nulidad de la elección. Tello sostiene que la nulidad total solo aplica en situaciones atípicas extremas y que no se pueden afectar los derechos de los limeños que sí votaron. Por ello, cada dígito en el conteo de votos resulta determinante para el desenlace del proceso.
El proceso de las actas electorales inicia con el cotejo realizado por los Jurados Electorales Especiales. En caso de errores materiales o ilegibilidad, se procede al recuento de votos como medida de última ratio. Este procedimiento se realiza mediante la apertura de sobres lacrados bajo la vigilancia del Ministerio Público para garantizar la transparencia.
¿Cuándo se conocerán los resultados finales?
El cronograma electoral estima que los resultados definitivos se conocerán recién en la segunda quincena de mayo.
Esta incertidumbre reduce el tiempo de campaña final para los candidatos del balotaje y presiona los plazos de la ONPE para la impresión de cédulas. En esta instancia suprema, la decisión final recae sobre los cinco miembros del Pleno del JNE.
¿Quiénes decidirán el pase a segunda vuelta?
Roberto Burneo Bermejo, presidente del JNE y representante de la Corte Suprema, lidera este colegiado. Sobre él pesa una denuncia constitucional que busca inhabilitarlo por presunta negligencia relacionada con la empresa Galaga.
Junto a él, Martha Maisch Molina representa al Ministerio Público, habiendo llegado al cargo en un periodo de alta turbulencia institucional.
Por su parte, Gunther Gonzales Barrón, representante del Colegio de Abogados, es el miembro más reciente y cuenta con antecedentes de sanciones éticas. Su imparcialidad ha sido cuestionada por incidentes disciplinarios previos en la OCMA.
El pleno se completa con Rubén Torres Cortez, representante de las universidades públicas, criticado por su falta de experiencia en justicia electoral compleja.
Finalmente, Aaron Oyarce Yuzzelli representa a las universidades privadas. Aunque posee una sólida trayectoria académica, se le vincula con intereses de instituciones que mantuvieron conflictos con el Estado. Estos magistrados tienen la potestad de decidir qué acta es válida para el escrutinio final.
