En ‘Beto a Saber’, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, planteó la necesidad de revisar los tratados internacionales del país.
La propuesta se enfoca en desvincular al Estado de los fueros jurídicos supranacionales en materia de derechos humanos.
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“Keiko Fujimori tiene la obligación de sacarnos de la Corte“, aseguró el excandidato presidencial.
De acuerdo con las declaraciones emitidas, el retiro de la competencia jurídica externa permitiría aplicar nuevas medidas locales.
La propuesta apunta a reestructurar los mecanismos de sanción contra el crimen organizado y el terrorismo urbano.
Este planteamiento surge en medio de las discusiones sobre las reformas para la tranquilidad de la población.
Rafael López Aliaga sustenta pedido
El pedido de salida del fuero interamericano se sustenta en la búsqueda de autonomía penal interna.
Según Rafael López Aliaga, la permanencia en la jurisdicción externa limita la implementación de tecnologías avanzadas contra la delincuencia.
Asimismo, argumenta que impide establecer acuerdos directos de extradición con otros países.
La reevaluación de los convenios internacionales vigentes permitiría endurecer el marco de las sanciones penales.
El debate actual se centra en dotar al sistema de herramientas severas que detengan el avance de la criminalidad.
La propuesta también contempla un análisis de los recursos económicos destinados a los procesos institucionales del país.
Alternativas legislativas ante la criminalidad urbana
Frente a las restricciones de los organismos externos, Rafael López Aliaga propuso reformas en el sistema carcelario y judicial.
La edificación de complejos penitenciarios de máxima seguridad figura como una de las prioridades de gestión coordinada.
Planteó ejecutar proyectos de infraestructura penitenciaria con plazos de construcción menores a los estándares regionales.
Como alternativa a la pena de muerte, se ha propuesto la aplicación de la cadena perpetua sin conmutación.
Esta medida legal busca sancionar de manera drástica a los responsables de delitos graves y extorsión.
El fortalecimiento de las unidades de inteligencia de las fuerzas del orden complementará este marco de acción penal.
Finalmente, las coordinaciones entre agrupaciones políticas evalúan un plan de gobierno enfocado en la seguridad.
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Rafael López Aliaga reiteró que es indispensable priorizar el orden público por encima de las discrepancias ideológicas.
Las propuestas técnicas presentadas serán canalizadas a través de los órganos correspondientes del Legislativo y el Ejecutivo.
