El presidente de la Asociación Civil Transparencia, Álvaro Henzler, presentó su renuncia al cargo tras una denuncia periodística que reveló un presunto conflicto de intereses.
La salida se produjo luego de conocerse que Henzler, mediante otra asociación civil llamada Lucaris, fue contratado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por más de 40 mil soles.
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Esta contratación ocurrió el año pasado, precisamente con el organismo encargado de organizar y supervisar los procesos electorales que su propia ONG debe fiscalizar con neutralidad.
A pesar de su dimisión a la dirección máxima, registros oficiales de la Sunarp indican que Henzler permanece como miembro del consejo directivo de la organización hasta julio del 2026.
Dicha inscripción legal le otorgaría facultades vigentes para el control de fondos y la firma de cheques dentro de la institución, según documentos de registros públicos.
La investigación señala que el exdirectivo no solo está vinculado a Transparencia, sino que mantiene roles activos en otras cuatro asociaciones civiles de diversos sectores.
Henzler figura como representante ante Proética, miembro del consejo directivo de Care Perú, vicepresidente de EPE y titular de la asociación civil Lucaris.
En una misiva pública, el economista calificó como un “error de criterio” haber suscrito contratos con el ente electoral mientras lideraba la observación electoral en el país.
Los vínculos de la nueva presidente de Transparencia
Tras la salida del anterior presidente, se anunció que Fabiola María León Velarde Servetto asumirá el liderazgo de la asociación civil dedicada a la vigilancia ciudadana.
Sin embargo, reportes de la Sunarp asocian a León Velarde con cinco asociaciones civiles, entre ellas la Alianza Francesa de Lima, que mantiene relaciones comerciales con el Estado.
Esta institución cultural suscribió un contrato de arrendamiento de un inmueble por un monto de 946 mil 576 soles con la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático.
Dicho acuerdo contractual tiene vigencia hasta febrero del año 2027, lo que coincide con el desarrollo de próximos calendarios electorales y labores de fiscalización ciudadana.
Asimismo, la nueva directiva figura relacionada con el Centro Tecnológico Minero y la Asociación Universidad Peruana Cayetano Heredia, ampliando su red de contactos institucionales.
La normativa vigente para los observadores exige criterios estrictos de independencia, imparcialidad y ausencia total de conflictos de interés de carácter económico o político.
La fiscalización a los organismos observadores
El rol de Transparencia es emitir informes sobre irregularidades, fallas y la legitimidad de la voluntad popular expresada en las urnas por los ciudadanos peruanos.
Aunque no reemplazan las funciones oficiales de la ONPE o el JNE, sus opiniones poseen un peso relevante en la narrativa mediática y la opinión pública internacional.
Informes recientes de la organización fueron elaborados por Omar Awapara y Pilar Biggio, aunque la presentación de los resultados estuvo a cargo del propio Henzler.
Esta intromisión del consejo directivo en la exposición de datos técnicos ha generado cuestionamientos internos sobre la autonomía de los equipos operativos de la asociación.
La entidad ha respondido a las solicitudes de información indicando que sus labores se realizan actualmente bajo la modalidad de trabajo remoto vía correo electrónico.
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Expertos en derecho señalan que cualquier organización con autoridad para observar elecciones debe transparentar sus fuentes de financiamiento, transferencias y los vínculos de sus asociados.
La credibilidad de la sociedad civil en estos procesos depende directamente de la aplicación de metodologías verificables y de una conducta alejada de intereses particulares.
