Luego de que el Ejecutivo promulgara la ley que permite judicializar penalmente a adolescentes por delitos graves, el Poder Judicial (PJ) rechazó la normativa, asegurando que contraviene los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución.
El organismo liderado por Janet Tello no quiere enviar a la cárcel a menores de 16 y 17 años que cometan sicariato, extorsión, secuestro y entre otros, argumentando que la reforma “introduce un enfoque punitivo que desconoce la especial condición” de los adolescentes.
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Además de argumentar que la Ley N°32330 contraviene los estándares nacionales e internacionales de protección, contradice la Convención de los Derechos del Niño, “que establece un sistema de justicia juvenil orientado a la rehabilitación, reintegración social y respeto por la dignidad de las personas menores de edad”.
Argumentos del Poder Judicial
En el comunicado compartido por sus redes sociales, también expresaron que el Comité de Derechos del Niño manifestó su preocupación ante “normas que permiten juzgar a adolescentes como adultos”.
“Este retroceso pone en riesgo la posibilidad de reintegración social y desarrollo integral de los adolescentes en conflicto con la ley”, subrayaron.
Tras sustentar sus consideraciones, el PJ resaltó que los jueces están en sus facultades de inaplicar la ley que buscar que adolescentes de 16 y 17 paguen por sus crímenes, que en muchos casos enlutan a decenas de familias y que aprovechan de su condición para quedar impunes.
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En ese mismo pensar apuntó la Defensoría del Pueblo, la cual se mostró en contra de la recientemente promulgada norma.
Como se recuerda, la propuesta que salió del Congreso contó con un respaldo en segunda votación en el pleno con 44 votos a favor, 24 en contra y 21 abstenciones.
