Una reciente resolución emitida por el Poder Judicial ha generado un fuerte sismo en el sistema de justicia del país.
Esta decisión pone en peligro una compleja indagación del Ministerio Público que involucra más de 90 millones de dólares.
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La trama gira en torno a la presunta organización criminal denominada ‘Los Dorados del Sur’.
Esta red se dedicaba supuestamente al tráfico de relave aurífero desde la región de Arequipa hacia el extranjero.
El caso cobró mayor relevancia pública debido a la participación del hoy fiscal supremo Tomás Gálvez.
El exfuncionario asumió la defensa técnica de una de las principales investigadas dentro de este proceso de minería ilegal.
Fallo del Poder Judicial debilita las pesquisas fiscales
El Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró fundado en parte un recurso de habeas corpus.
Esta medida constitucional fue interpuesta a favor de la ciudadana investigada Nina Yllescas Montero.
Con este dictamen, el Poder Judicial ordenó apartar del caso al fiscal provincial titular Lucio Sal y Rosas. El letrado venía liderando las investigaciones contra la red criminal desde sus fases iniciales.
Asimismo, la resolución judicial estipula que la Fiscalía no puede asumir como un hecho corroborado que el material exportado sea relave minero fraudulento.
Esto contradice las peritajes técnicos presentados por el Ministerio Público.
Exportaciones bajo sospecha e insumos químicos
La hipótesis fiscal señala que la empresa Intigold Mining S.A.C. extraía el material en Caravelí.
Posteriormente, los cargamentos eran entregados a la compañía N&C Trading and Development S.A.C. para su exportación a China.
Según las carpetas del caso, se habrían fraguado documentos oficiales de la SUNAT. El objetivo era hacer pasar el insumo contaminante como concentrado de oro lícito o pirita.
Diversos análisis de la Universidad Nacional de Ingeniería evidenciaron altos niveles de cianuro y mercurio en los cargamentos.
Los informes ambientales confirmaron que la empresa exportadora no contaba con los permisos obligatorios vigchos.
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El escenario actual configura un nuevo y evidente choque institucional entre la Fiscalía y el Poder Judicial.
El destino de un expediente penal con más de 10 mil páginas permanece en una situación de total incertidumbre legal.
