Poder Judicial evalúa este 30 de abril pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra Piero Corvetto

El Ministerio Público sustentará la solicitud por riesgo de fuga en el marco de una investigación por colusión agravada y omisión de actos funcionales, tras las irregularidades detectadas en las elecciones 2026.

abril 29, 2026 –
11:01.
Actualizado en abril 29, 2026 –
11:10.
Poder Judicial evalúa este 30 de abril pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra Piero Corvetto.
Poder Judicial evalúa este 30 de abril pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra Piero Corvetto.

El Poder Judicial evaluará este jueves 30 de abril el pedido del Ministerio Público para imponer 18 meses de impedimento de salida del país contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en el marco de una investigación por irregularidades en la contratación de servicios logísticos que afectaron la jornada electoral en Lima Metropolitana.

La solicitud será sustentada por la Fiscalía desde las 11:00 a. m., según comunicó la entidad a través de la red social X, con el objetivo de asegurar la permanencia del investigado en el país mientras avanzan las diligencias.

El requerimiento se basa en la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y omisión de actos funcionales, así como en indicios que apuntan a un posible riesgo de fuga.

Riesgo de fuga y elementos hallados

De acuerdo con el expediente fiscal, durante el allanamiento a la vivienda de Corvetto en Miraflores se hallaron documentos de viaje que refuerzan la hipótesis de una eventual salida del país.

Si bien el exfuncionario entregó sus pasaportes peruano e italiano, el Ministerio Público sostiene que existiría otro documento vigente que le permitiría abandonar el territorio nacional.

El pedido también alcanza a otros implicados, entre ellos José Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE; Juan Phang, suspendido subgerente de Producción Electoral de la ONPE; y Juan Alvarado, representante de la empresa Servicios Generales Galaga.

Investigación seguida a Piero Corvetto

La investigación se centra en un proceso de contratación para el servicio de transporte de material electoral a escala nacional, en el que se habría producido una concertación indebida entre funcionarios de la ONPE y un proveedor.

Según el documento fiscal, se cuestiona la forma en que se evaluó la capacidad de los vehículos presentados por las empresas participantes, lo que habría influido en el resultado del proceso.

Las bases exigían unidades con una capacidad mínima de 10 metros cúbicos; sin embargo, el comité evaluador habría aplicado criterios adicionales no previstos con claridad.

Cambios en criterios técnicos

Entre los aspectos observados figura la deducción de dos metros correspondientes a la cabina del vehículo para calcular la carga útil, lo que habría modificado la validación de las unidades.

Este ajuste, para la Fiscalía, alteró el puntaje técnico final de las empresas participantes y favoreció a una de ellas en la evaluación.

En ese contexto, la empresa Servicios Generales Galaga obtuvo el mayor puntaje técnico, superando a Hermes Transportes Blindados S.A.

Diferencias en evaluación económica

No obstante, el análisis económico reflejó un escenario distinto, en el que Hermes presentaba una mejor oferta en términos de costos.

El expediente señala que, de haberse aplicado un criterio distinto en la evaluación técnica, Hermes habría alcanzado el puntaje máximo y superado la propuesta ganadora.

El contrato cuestionado fue firmado el 19 de marzo de 2026 por un monto superior a S/ 6.3 millones para el transporte de material electoral a nivel nacional, en medio de un proceso que ahora es materia de investigación fiscal.

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