El pronunciamiento del Perú ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) abrió nuevamente la discusión regional sobre el asilo diplomático y su uso en tiempos de crisis políticas. La exposición del canciller Hugo de Zela estuvo marcada por un mensaje firme y un llamado a recuperar la legitimidad de esta figura histórica tras el caso Betssy Chávez.
Desde Washington, el representante nacional enfatizó la necesidad de proteger la institución del asilo para evitar que sea utilizada con fines ajenos al espíritu con que fue creada en América Latina.
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“Es una preocupación de alcance regional”, advirtió el ministro peruano al inicio de su intervención.
La preocupación del Perú ante la OEA
El canciller recordó que el asilo, nacido en la región latinoamericana, ha sido una herramienta clave para salvaguardar derechos civiles y políticos.
“El asilo diplomático es una institución jurídica surgida en nuestra región (…) y que ha servido para defender y promover los derechos civiles y políticos que constituyen un pilar de nuestras democracias”, dijo.
En esa línea, indicó que se viene enfrentando ciclos de crisis donde, en varios casos, la corrupción ha sido detonante. “En los últimos años hemos pasado por una serie de crisis políticas precipitadas en varios casos por actos de corrupción”, prosiguió.
El caso Betssy Chávez
Aunque evitó centrar el debate en un expediente concreto, De Zela sí marcó distancia frente al otorgamiento de asilo a la exjefa del Gabinete Ministerial, asilada en la embajada de México en Lima y condenada a prisión por el fallido intento del golpe de Estado de 2022.
“Quiero ser muy claro en afirmar que aquí no estamos planteando un caso específico de asilo diplomático, como el que involucra a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez (…) Sin embargo, sí queremos resaltar que estos casos recientes reafirman que se ha producido una evolución negativa en la utilización de derecho de asilo”, apuntó.
El canciller alertó que la Convención de Caracas de 1954, en lugar de proteger a perseguidos políticos, está siendo invocada para amparar a personas sin persecución en Estados democráticos.
Según explicó, “esta tendencia se apoya en información distorsionada por sesgos ideológicos que socavan la institucionalidad y buena vecindad, y no se condicen con el espíritu de la convención”.
El canciller reitero que decisiones tomadas bajo afinidades políticas están debilitando la confianza entre naciones. “En mi país prevalecen las garantías del debido proceso, la pluralidad de instancias y el principio de no impunidad”, acotó, pidiendo no desnaturalizar el asilo diplomático: “Es esencial no desvirtuar la institución del asilo diplomático y evitar que se convierta, en función a criterios ideológicos, en un instrumento para eludir la justicia”.
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Asimismo, recordó un principio clave: “El derecho internacional no ampara la impunidad”, citando la obligación de extraditar o juzgar a quienes enfrentan delitos graves.
Propuesta peruana para reformar el mecanismo
El Perú presentó una iniciativa para introducir controles obligatorios en la aplicación del artículo 9 de la Convención de Caracas, que permite evaluar si existe persecución política. El objetivo, indicó De Zela, es evitar que esta decisión recaiga únicamente en la percepción del país que concede el asilo.
El ministro planteó que la evaluación se haga con información del Estado territorial y fuentes confiables, reduciendo la discrecionalidad y aumentando la trazabilidad y responsabilidad.
La propuesta peruana también incluye consultar al Comité Jurídico Interamericano para elaborar lineamientos que refuercen el uso legítimo del asilo diplomático. El canciller adelantó que ya recibió respaldo preliminar de varios países de Latinoamérica.
