Los periodistas de ‘ContraCorriente‘ han sido criminalizados por hacer su trabajo. La fiscal Marita Barreto los denunció por supuesta violación de domicilio y hasta los incluyó en una organización criminal. Hoy, la libertad de prensa está en el banquillo.
Barreto asegura sentirse acosada por los reportajes que ponen en evidencia sus acciones. Sin embargo, hoy es ella quien, en lugar de velar por la justicia de las mujeres, actúa como acusadora contra quienes la señalan.
La defensa legal de la fiscal presenta argumentos que no puede sostener. A pesar de las graves acusaciones, Marita Barreto nunca se presentó personalmente para respaldar su reclamo sobre la supuesta afectación a su integridad y honor.
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Otro delito sin sustento es la supuesta violación de domicilio por parte de una de las reporteras de ‘ContraCorriente‘ a una de sus propiedades, una lujosa casa en Asia de medio millón de dólares.
FISCALÍA INVOLUCRA A MUJER INOCENTE
La acusación contiene dos grandes errores, uno de ellos es implicar a una inocente mujer en Jauja que no tiene nada que ver en este caso.
En su intento por silenciar a la prensa, Barreto no se tomó siquiera el trabajo de verificar lo redactado, incluyendo equivocaciones graves como confundir el nombre de un programa televisivo.
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Así, considerando la alta carga procesal del Poder Judicial y habiendo tantas mujeres que verdaderamente sufren de violencia, la fiscal activa innecesariamente el sistema de justicia con una denuncia sin fundamento.
Otro personaje clave es Miguel Ángel Girao, exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Su testimonio y su presencia en las investigaciones aportan un telón de fondo que pone en duda la imparcialidad y las motivaciones reales detrás de la persecución contra los periodistas.
