El tramo final del juicio contra Pedro Castillo entró en su momento más decisivo con una declaración que no pasó inadvertida. Durante la audiencia de alegatos de clausura, el expresidente optó por jugar su última carta en un proceso que definirá su futuro inmediato, cuyo veredicto se conocería en diciembre de 2025.
En condición de reo, el exmandatario encaró a los magistrados con un discurso desafiante, plenamente consciente de que su intervención marca un punto de quiebre en el juicio por su fallido golpe de Estado.
Un alegato que apunta al desenlace
Castillo aseguró que acatará el fallo del juez supremo José Neyra Flores, pero añadió un matiz que encendió la polémica: si se le encuentra algún rastro de corrupción en la sentencia, pidió aplicar “pena de muerte”, pese a que esta no existe en la legislación penal de Perú.
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Se trató de uno de sus últimos descargos antes del veredicto de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. En su intervención, negó haberse beneficiado del dinero público y rechazó haber recibido fondos ilícitos durante los 17 meses que dirigió Palacio de Gobierno.
“Tres años, señores magistrados, a mí se me ha incluido por actos de corrupción y no me lo van a encontrar porque yo no vine para eso. Y acá le digo al país y ante ustedes: si a mí me encuentran una cuenta donde haya jalado un centavo para Pedro Castillo, haber abierto una cuenta afuera o tener una propiedad, y me encuentran un indicio de corrupción, yo no voy a pedir pena de cárcel, pido pena de muerte, porque eso es lo que se tiene que corregir en el país. ¡Que empiecen por mí! ¿Dónde están las pruebas?”, enfatizó Castillo.
En la sala reafirmó la estrategia de cerrar el proceso con una postura desafiante, poniendo en duda la existencia de evidencias en su contra y buscando impactar en la opinión pública.
El alcance del proceso y los acusados
El pedido de 34 años de prisión contra Pedro Castillo no es el único que se resolverá próximamente. El caso también involucra a sus ex primeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez, así como al exministro del Interior, Willy Huerta, y a varios exoficiales de la Policía Nacional.
La Fiscalía ha solicitado penas de 25 y 15 años de prisión para ellos, además de una reparación civil conjunta que asciende a más de S/ 64 mil, monto que deberá ser asumido por quienes resulten condenados.
Un penal que acumula expresidentes
Si la sentencia resulta condenatoria, Pedro Castillo se convertiría en el tercer exmandatario recluido en Barbadillo, donde actualmente cumplen prisión Alejandro Toledo y Ollanta Humala.
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La lista podría ampliarse aún más. Martín Vizcarra espera la lectura de sentencia este 26 de noviembre, en un contexto donde el Poder Judicial mantiene bajo la lupa a ex jefes de Estado.





