La lucha contra la criminalidad organizada en Perú enfrenta un desafío crítico, con los fiscales convertidos en blanco directo de las bandas delictivas. La congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) reveló una cifra alarmante que sustenta la urgencia de nuevas medidas.
“Hay por lo menos 80 fiscales que en este momento se encuentran amenazados“, afirmó la legisladora, haciendo hincapié en la necesidad de resguardar a quienes tienen la responsabilidad de investigar, acusar y sentenciar a los delincuentes.
Patricia Juárez impulsa proyecto de ley
Ante este panorama, la congresista Juárez ha impulsado un proyecto de ley cuyo objetivo central es establecer un mecanismo para cautelar la identidad de los jueces y fiscales a cargo de casos de delitos graves.
La iniciativa busca garantizar la continuidad de los procesos judiciales y proteger la integridad de los magistrados.
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La legisladora explicó que la propuesta evitaría la identificación física de los administradores de justicia. Se utilizarían “herramientas digitales” y códigos para impartir justicia sin exponer su rostro.
Juárez aclaró la naturaleza de la medida: “En realidad no lo llamamos jueces sin rostro porque esa fue un mecanismo, una medida que se utilizó, digamos, tiempo atrás”.
La congresista enfatizó que el mecanismo será excepcional y se implementará con estricto apego a la Constitución. Esto garantizaría que no se vulneren derechos fundamentales durante su aplicación.
La norma plantea que, si un caso requiere la participación de un juez no identificado, sus resoluciones judiciales deberán ser debidamente motivadas.
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Patricia Juárez se reunió con el fiscal de la Nación
El proceso de aprobación del proyecto de ley ha comenzado con una ronda de socialización con las altas autoridades del sistema de justicia. Este martes, la congresista Patricia Juárez se reunió con el fiscal de la Nación.
La legisladora también tiene programado un encuentro con la presidenta del Poder Judicial y otras instituciones. El propósito es recoger más propuestas que fortalezcan el mecanismo de protección de identidad a ser debatido en el Congreso de la República.
Se prevé que, tras la eventual aprobación de la ley, los magistrados podrían comenzar a juzgar resoluciones bajo la modalidad de identidad reservada en el transcurso de un año.
