La tensión política en el país alcanzó un nuevo punto crítico tras la reciente fiscalización inopinada realizada por la congresista Norma Yarrow a las instalaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La parlamentaria y candidata a la vicepresidencia no solo denunció deficiencias técnicas operativas, sino que lanzó una dura advertencia sobre la legitimidad del proceso actual, calificando la situación como un posible acto de “traición a la patria”.
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Norma Yarrow: deficiencias en el centro de control y exigencia de intervención fiscal
Durante su ingreso al centro de control, Yarrow constató una preocupante falta de recursos para los personeros de las agrupaciones políticas. Según detalló, de las ocho máquinas destinadas a la fiscalización del conteo, solo cuatro se encuentran operativas. “Si vinieran todos los personeros en este momento a hacer uso de su derecho, tendrían que turnarse”, advirtió la legisladora, subrayando que en el momento de su visita solo se encontraban dos personas laborando en dicha área crítica.
Ante este escenario, la congresista solicitó de manera inmediata que el Ministerio Público tome cartas en el asunto. Su pedido es radical: la paralización automática de la contabilidad de votos y el ingreso de los fiscales a todas las oficinas del organismo electoral para garantizar que no existan manipulaciones en las cifras oficiales.
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Cuestionamientos a la gestión de Piero Corvetto
La indignación de Yarrow se centró también en la figura de Piero Corvetto, titular de la ONPE. La parlamentaria lamentó que el funcionario no haya salido a dar explicaciones pese a encontrarse, presuntamente, dentro del edificio. Además, calificó de inaceptable que se haya gestionado un pedido de vacaciones para Corvetto en medio de la crisis electoral.
“¿Cómo se le podría dar vacaciones a una persona que es responsable del caos que ha ocasionado en el país?”, cuestionó, dirigiendo también sus críticas hacia el señor Burneo por permitir dicha solicitud. Para Yarrow, las irregularidades detectadas y la supuesta falta de fiscalización por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) representan un sabotaje a la voluntad popular.
Finalmente, la legisladora aseguró que estas visitas continuarán en otras sedes del organismo. La congresista fue enfática al señalar que su postura no responde a un “color político”, sino a un deber de transparencia hacia el ciudadano, advirtiendo que el derecho al voto está siendo vulnerado por la ineficiencia administrativa de la ONPE.





